El ataque a puñaladas contra un preceptor del CEP 6 ocurrido en marzo último, cuando un alumno fue informado que repitió de año, no sólo conmovió a la sociedad por el hecho de inseguridad en sí, al que están expuestos los docentes, sino porque dejó al descubierto que los maestros y trabajadores públicos provinciales no contaban con la cobertura real de un seguro de riesgos de trabajo como lo estipula la ley.
Hasta entonces quienes tenían accidentes laborales debían judicializar su cobertura para poder pagar medicamentos y la mayoría de las veces la asistencia médica la realizaban a través de la obra social, que no corresponde porque es un servicio por el cual aportan los empleados y la ley es clara cuando dice que esos costos tienen que ser afrontados por el patrón a través de un fondo de autoseguro o una ART.
Finalmente, después de varios reclamos, especialmente a partir de la presión de las organizaciones gremiales, entre ellos el Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo (SEMAB), el 1 de julio último se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación del decreto 960/19 mediante el cual se estableció, entre otras cosas, la creación de un área, bajo la órbita del Ministerio de Hacienda “para posibilitar la inclusión de la Provincia en el régimen de Autoseguro”, dice el decreto.
Dentro de la normativa se fijó además un plazo de 90 días “para la presentación de Competencias y Complejidades de las funciones correspondientes, Responsabilidades, Autonomías y Dependencias jerárquicas”. Por ese motivo, a finales de octubre la SEMAB intimó a la cartera a cargo de Adolfo Safrán a que informe por qué aún no se había creado tal organismo.
“El decreto estableció la estructura de la Unidad de Coordinación de Autoseguro Público Provincial y en 90 días debía aprobarse el nomenclador de cargos. Cumplido el plazo, nosotros requerimos informe y hemos revisado cada día el Boletín Oficial para verificar que haya ocurrido, cosa que no fue así. Aunque lo pueden sacar por resolución, tampoco nos informaron de nada”, dijo a PRIMERA EDICIÓN la dirigente de SEMAB Mariana Lescafette, consultada a partir de la fuerte lucha que dió para el urgente cumplimiento en la provincia de la Ley de Riesgos de Trabajo.
No obstante todo ello, desde la SEMAB se espera que el organismo facultado con competencia plena para ejecutar el autoseguro público provincial tenga plenas funciones en 2020, habida cuenta de que la Legislatura aprobó los fondos para su ejecución en el presupuesto para Educación durante el ciclo 2020.
Arduas gestiones
El SEMAB había presentado durante todo este año varios expedientes al Consejo General de Educación (CGE) para exigir la cobertura de accidentes laborales a docentes misioneros y la necesidad urgente del cumplimiento de la ley de riesgos de trabajo, el cual derivó algunos meses más tarde en la sanción del decreto 960/19 que establece el autoseguro provincial que abarca no sólo a los docentes sino a todos los empleados públicos de la provincia.
“Requerimos se nos garantice como trabajadores dependientes del CGE la cobertura integral en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, dando real y efectivo cumplimiento de la Ley 27.348 (y modificatorias Ley 24.557) de Riesgos de Trabajo y Mauricio Maidana nos ratificó que están garantizados los fondos. Esperamos que se cumpla”, enfatizó Lescafette.
En julio de 2019
Por decreto 446/17 se incorporó a Hacienda un área para posibilitar el régimen de Autoseguro. El 24 de junio de 2019, dos años después, se aprobó el decreto 960 que autoriza la creación de la Unidad (UCAPP) para su aplicación.
