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Condena de 17 años de prisión a un hombre que abusaba de su hija

28 noviembre, 2019

Fue el último debate del año en el Tribunal Penal 1 de Oberá, y uno más de la larga lista de causas por abuso sexual. El acusado era un padre de familia, quien compareció por haber violado a su propia hija. Todo terminó en una condena sin atenuantes.

El juicio fue de una sola jornada y entre los testigos principales estuvo presente la madre de la adolescente, quien no solamente relató el calvario que sufrió su hija, sino también ella misma producto de una relación marcada por la violencia.

El Tribunal, conformado por los magistrados Lilia Avendaño, José Pablo Rivero y Francisco Aguirre tuvieron en frente al imputado, un hombre de 43 años de profesión agricultor, quien negó las acusaciones formuladas por la madre, que fueron las que finalmente lo llevaron tras las rejas.

Pero como sucede en juicios de este tipo de delitos, más allá de los testimonios de los testigos, la Justicia se vale de la pericia de Cámara Gesell, en la cual la víctima, asistida por psicólogos, relata los hechos que le tocó vivir.

Este último lunes, más allá de acceder al resultado de este informe pericial, los jueces observaron la filmación en la que la menor contó los vejámenes a los que la había sometido su padre. Justamente por su edad (14 años), la Justicia se vale de esta prueba, dado que no puede comparecer ante el Tribunal.

El caso data de abril de 2018, en una vivienda del municipio de San Martín, departamento de Oberá. Por lo que se pudo saber, la menor estaba amenazada por su padre y por ello había callado los abusos que sufría desde hacía tiempo. Sin embargo, el drama hizo implosión en el seno familiar cuando el hombre, prácticamente fuera de sus cabales, tuvo una de las peores discusiones con su esposa.

Ese día agarró un hacha y la clavó sobre la mesa de forma intimidante para dar por cerrada la pelea con su mujer. El hombre tomó a sus dos hijos más pequeños y se fue de la casa.

La mujer declaró ante los jueces que su marido nunca la llegó a agredir fisicamente pero era extremadamente violento al punto de romper el mobiliario de la casa cuando estaba muy ofuscado.

En aquella oportunidad, la esposa quedó llorando atemorizada. Su hija se acercó para consolarla y ella también se sintió desbordada por la situación. En una explosión de catarsis le reveló que era abusada por su padre.

Todo había comenzado años atrás con toqueteos que ocurrían en la habitación de la menor, en momentos en que la progenitora dormía profundamente. Subrepticiamente llegaba una y otra vez a la cama de su hija donde cometía lo que legalmente se conoce como abusos simples, hasta que comenzó a accederla carnalmente.

Apenas se enteró la madre de esto se dirigió a la Comisaría de la Mujer a radicar la denuncia. Se dispararon las actuaciones y en muy poco tiempo el hombre quedó detenido.

 

Abusos agravados por el vínculo

Este miércoles  el Tribunal lo halló culpable de los delitos de “abuso sexual simple agravado por el vínculo reiterado”, y “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en concurso real” por lo cual fue condenado a la pena de 17 años de prisión.

Purgará en principio su condena en la Unidad Penal II de Oberá. Por tratarse de crímenes reñidos con la vida privada de la víctima, para preservar su intimidad, no revictimizarla al ser hija directa, no se publica el nombre del condenado.

 

Encuadre legal

Código Penal Argentino: Art. 119 (ley 27.352): Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder…

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.

Tags: #Judiciales#Oberáviolación
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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