En uno de los peores años de la historia económica del país, con inflación de 57%, pobreza y desempleo en crecimiento, la Dirección General de Rentas (DGR), salió a repartir intimaciones y amenazas de ejecuciones fiscales a todos aquellos contribuyentes que tienen deudas con el fisco.
El organismo publicó recientemente dos edictos, con los cuales salió a dejar en claro que la crisis económica no le pondrá freno a su ambición de recaudar a toda costa. Apuntó directamente a los morosos de Ingresos Brutos (Directo y Convenio Multilateral). También a aquellos que se atrasaron con los planes de pago formulados ante la DGR.
Las dos publicaciones, que llevan la firma del director Miguel Arturo Thomas, tienen fecha del 23 de octubre pero fueron publicadas el jueves 31, después de las elecciones.
Junto con los edictos se publicaron dos cuadros anexos con el listado de morosos, que va desde $1.105.114 a $14.999 en el caso de los contribuyentes de IIBB Directos. Por Convenio Multilateral, las deudas van del máximo de $1.671.837 hasta los $26.211. Y los planes de facilidades de pagos se reclamó un máximo de $381.230 al mínimo de $10.448.
Los morosos de Ingresos Brutos Directos son 56 (entre razones sociales físicas y jurídicas); los contribuyentes morosos del Convenio Multilateral son cuatro (todas S.A. o S.R.L.); y los deudores de planes de pago totalizan 113, todos mencionados con nombre, CUIT y el monto de la deuda, entre otros datos.
En la primera Resolución N°3809/2019 se refiere a los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Directo y Convenio Multilateral.
Considera que “numerosos contribuyentes han dejado de cumplir con el pago regular de sus obligaciones fiscales” y que, previamente a este edicto, “se ha procedido a la intimación de todos los casos detectados con morosidad por los medios de notificación expresamente previstos en el Código Fiscal”.
Sin embargo, al no recibir esas notificaciones muchos de ellos, “este organismo se encuentra facultado para citar por edicto a los contribuyentes comprendidos en la situación mencionada en el párrafo anterior”.
Por ello, el artículo 1 intimó “a los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Directos y Convenio Multilateral para que en el plazo de 15 días aporten a esta Dirección (por la DGR) los respectivos comprobantes de pago de la deuda intimada, más intereses hasta el efectivo pago”.
Se advierte que “cumplido el plazo fijado se procederá a ejecutar el saldo adeudado por vía judicial”.
En la misma línea, la resolución 3807/2019 se refirió a todos aquellos adheridos al régimen de facilidades de pagos establecido por el Decreto Provincial Nº 1252/97. Otra vez se consideró que “numerosos contribuyentes han dejado de cumplir con el pago regular de las cuotas de planes de facilidades de pagos oportunamente perfeccionados”.
Se repitió la situación de las intimaciones que no llegaron a los contribuyentes morosos y, por eso, “el organismo se encuentra facultado para citar por edicto”.
La resolución intimó a los contribuyentes morosos que han formalizado planes de pagos previstos por el Decreto Nº 1252/97, “para que en el plazo de 15 días de notificada la presente, remitan a esta Dirección los respectivos comprobantes de pago, bajo apercibimiento de considerar operada la caducidad y se procederá a la reliquidación de la deuda original, aplicando la totalidad de las cuotas ingresadas a intereses y multas en primer término, y al capital cuando hubiere remanente”.
La DGR también amenazó, en este caso, que “cumplido el plazo fijado se iniciará el reclamo del saldo adeudado por vía de ejecución fiscal”.
Momento delicado
No deja de sorprender el momento delicado de la economía en el país que aprovechó el director Thomas para presionar por los cobros.
El consumo viene cayendo desde hace 15 meses mientras la pobreza y el desempleo crecen y el registro de la inflación anual se acomoda en 57%. Así, el país sufre impactos por la devaluación de la moneda frente al dólar, además de sufrir un deterioro en las condiciones socioeconómicas de los sectores medios y bajos. Exhibe pocos fundamentos para esperar una mejora en el corto plazo.
En este contexto, cientos de empresas cerraron en los últimos años en Misiones y ello genera una espiral negativa en la economía.
Muchos de esos casos pudieron haber afectado a los contribuyentes que se demoraron o se vieron imposibilitados de pagar.
Al parecer, las situaciones puntuales no interesan mucho al ente recaudador que, igualmente, bajó el martillo con mano dura.
Lo llamativo también es que los números reclamados no son significativos como para “mover la aguja” en el plano de la recaudación, con lo cual, pareciera una medida administrativa de innecesaria rigurosidad en un momento donde se debería tener tacto y sensibilidad social.
