En la Cámara de Diputados, la Comisión de Poderes, en una reunión extraordinaria, llevó adelante las audiencias públicas para cubrir cargos en los Poderes Ejecutivo y Judicial. De esta manera, se firmaron los dictámenes favorables -que fueron aprobados por unanimidad- para los puestos de Tesorero General de la Provincia y Vocal para la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Fiscal Tributaria de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas. En ambos casos, no hubo impugnaciones.
Durante la audiencia los postulantes respondieron algunas preguntas de los legisladores que formaban parte de la comisión y de otros que se acercaron a escuchar la exposición.
El licenciado en Administración de Empresas Alberto Daniel Cáceres será el nuevo Tesorero General de la Provincia, en el caso de que su pliego sea aprobado. Se prevé que sea nombrado en un trámite exprés, antes de que culmine el mes, ya que finaliza el período de sesiones ordinarias de la Legislatura.
Sobre los planes de acción que pretende llevar adelante, el profesional indicó que lo primordial es “modernizar el Estado”.
Al respecto, dijo que “el Poder Ejecutivo arrancará con un plan de modernización y con la instrumentación de un programa de administración financiera integral que vinculará todos los sectores que intervienen en los trámites; como ser la Contaduría General, Presupuesto y la Tesorería para que tengamos un servicio más rápido y eficiente para el ciudadano”.
Asimismo, en conversación con PRIMERA EDICIÓN deslizó que ya tuvo contacto con el área a cubrir. “Me han comentado el estado en el que se encuentra. La Tesorería es un organismo chico que tiene una pequeña dotación de personal que tiene mucha antigüedad e idoneidad en la gestión. Sin embargo, lo que está faltando es integrar todas las funciones en un solo sistema que permita una mayor agilidad y eficiencia”. El área tiene a su cargo a 34 empleados, explicó.
A la vez, planteó, en su exposición ante los legisladores, que uno de los objetivos a alcanzar es la “despapelización de los trámites de la administración pública y la implementación de la firma electrónica”.
Agregó que “la Provincia cuenta con un organismo que tiene soporte tecnológico e informático para asegurar la conectividad y la seguridad; por lo cual se puede decir que Misiones está en condiciones de un desarrollo propio de un sistema integral”.
En lo que refiere a la designación al cargo, Cáceres manifestó que “son sensaciones encontradas porque me honra el gobernador (Hugo Passalacqua) con la designación al cargo de Tesorero de la Provincia y, a su vez, la nostalgia de dejar este lugar después de 14 años de estar en la Secretaría Administrativa”. Añadió que “hemos marcado todo un camino y una historia que cuesta dejar, a pesar de que el desafío es muy bueno”.
Cámara de Apelaciones
Por otro lado, la abogada Ana Paula Molina se presentó para el cargo de Vocal para la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Fiscal Tributaria de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas.
Ante la pregunta de los diputados sobre los desafíos a encarar, la postulante deslizó que “la zona para la cual me candidateo es para la sala segunda con una competencia Civil y Comercial”.
Comentó que “las salas integrantes de la Cámara todos los meses tienen que elevar un informe contando la cantidad de sentencias y resoluciones. De esta manera, en la sala segunda, el último documento que se presentó se observó que las sentencias y las resoluciones se dictan dentro de los plazos procesales”. Apuntó que “hay una lentificación en el trámite previo al expediente”.
En consecuencia, apuntó que “esto ocurre porque todas las providencias que se dictan de forma previa -a ese estado procesal- deben ser notificados de forma personal”.
Agregó que “son varios pasos que se verían comprimidos si se tuviera el sistema de gestión de expedientes con el que cuentan los juzgados de Primera Instancia, mediante el cual se observa una agilización”. Consideró que “esto también otorga mayor transparencia a los procesos judiciales”. “Esto haría que los procesos se vuelvan más ágiles y eficientes que es en definitiva es lo que desea el litigante”, remató.
