El Tribunal Supremo del Reino Unido declaró este martes ilegal, nula y sin efectos, por unanimidad de sus 11 magistrados, la decisión de Boris Johnson de suspender el Parlamento. La decisión ha provocado un nuevo terremoto en el debate político británico.
Los jueces han defendido la prevalencia del Parlamento, en su capacidad legislativa y de control, sobre el Gobierno. Y han entendido que la decisión del Ejecutivo de cerrar el periodo de sesiones en Westminster, durante un excepcional plazo de cinco semanas, frustró la intención de los diputados de frenar un Brexit salvaje.
El tribunal ha reprochado al Ejecutivo que fuera incapaz de explicar, durante tres días de vista pública, razones convincentes para justificar su decisión.
Los 11 magistrados han deliberado durante tres largos días sobre la legalidad de esa decisión y su sentencia estaba llamada a ser un histórico precedente que defina la arquitectura constitucional del país —sin Constitución escrita— y los límites en la separación de poderes. “Hace falta mucho para ponerme nervioso estos días. Solo puedo decirles que tengo un enorme respeto al poder judicial y que examinaré con mucho respeto la sentencia”, dijo Johnson en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU y a la cumbre paralela contra el cambio climático.
Johnson se había parapetado ya ante lo que podría ser un duro golpe a su estrategia para sacar adelante el Brexit. El primer ministro descartó estos días presentar la dimisión y de nuevo defendió la necesidad de cerrar el periodo de sesiones de Westminster hasta el 14 de octubre.
Su argumento sostiene que un nuevo Gobierno deber poder presentar una nueva agenda legislativa y dar inicio a una nueva legislatura. Pero las críticas no han tardado en llegar tras conocerse la histórica sentencia.
“Pido a Boris Johnson que reconsidere de inmediato su posición, tras el abuso de poder que ha cometido, y pase a convertirse en el primer ministro del Reino Unido con el mandato más corto en la historia” del país, ha dicho el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ante los cientos de delegados laboristas que asisten estos días al congreso anual del Partido Laborista en Brighton (sur del país).
Corbyn ha confirmado su intención de comunicarse de inmediato con el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, y acordar la convocatoria inmediata de los diputados en Westminster.
El Supremo lleva días estudiando de modo conjunto dos sentencias contradictorias respecto al asunto. Mientras la resolución del Alto Tribunal de Edimburgo (Escocia) declaró ilegal y nula la decisión de Johnson porque estimó que su intención oculta era obstaculizar la labor de los diputados para frenar el Brexit, el Alto Tribunal de Inglaterra desestimó la demanda por considerar que no era competente. En este último caso, los magistrados entendieron que se trataba de un asunto político en el que la justicia no debía intervenir.
