La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) difundió este jueves una fuerte denuncia contra la Administración del Parque Nacional Iguazú, a la que acusó de apurar la realización de obras nuevas y de ampliación, sin cumplir con el reglamento de impacto ambiental, alterando el procedimiento administrativo para beneficiar a la empresa concesionaria y sin analizar tres alternativas como establece el reglamento, entre otras irregularidades.
El documento, que circuló ayer, se refiere a una negociación silenciosa que llevan adelante varios funcionarios de Administración de Parques Nacionales y puntualmente del Parque Iguazú para autorizar al grupo empresario “Enríquez” y la UTE Cataratas (Unión Transitoria de Empresas) a realizar obras nuevas y otras ampliaciones que pondrían en peligro la conservación del área protegida.
Bajo el título “Corrupción en la Administración de Parques Nacionales, Negociados en Iguazú” denunciaron que “las autoridades de Parques Nacionales están apuradas por aprobar nuevas obras en el área cataratas que se oponen de plano a los establecido en el Plan de Gestión (PG) del PNI 2017 – 2023 , aprobado por esta misma gestión (Res. APN HD Nº 76/2018)”.
Luego refieren que mientras un equipo técnico integrado por personal del Parque y la Delegación Regional Nea, “coordinados por una Consultora Beatriz Rivero mediante el aporte de un financiamiento externo (Préstamo BID 2606-OC-AR) avanzaba en la búsqueda de consensos para elaborar el Plan de Uso Público del Parque, de cara a la sociedad, el amigote de Chipi, Ricardo Oxenford (asesor ejecutivo de Planificación Estratégica, Ad Honorem, de la Presidencia de APN) y posteriormente los vocales del Directorio, Luis Jimenez Tournier y Gerardo Bianchi se reunían con la empresa concesionaria del Área Cataratas “Iguazú Argentina” para acordar una serie de obras millonarias”. “El Chipi” es nada menos que Eugenio Bréard, presidente de APN designado por Macri y antes ex directivo de la tabacalera Phillip Morris.
Las obras que se “acordaron”, según el documento de ATE, son: ampliación de la vía férrea a Garganta del Diablo, ampliación del balcón de garganta del diablo, nueva estación de trenes, frente al viejo hotel, ampliación de sanitarios y acceso para discapacitados al paseo inferior.
La grave denuncia
El gremio advierte que “el organismo encargado de velar por la conservación arremete contra ella, incumpliendo la normativa que garantiza el cumplimiento de los objetivos institucionales” y en este sentido denuncian que se está incumpliendo el Reglamento de Impacto ambiental porque algunas obras “requieren un Estudio de Impacto Ambiental y se realizó una evaluación de menor jerarquía (IIA)”,
Además “se alteró el procedimiento administrativo, el tramite no fue formalmente remitido a la Instancia técnica tal como lo indica el Reglamento de Evaluación Ambiental” y “la evaluación fue aprobada en Casa Central desoyendo los cuestionamientos de las áreas técnicas de la Dirección Regional y del PN”.
También agregan que “no se realizó la evaluación expeditiva, esta habría mostrado que algunas de las obras son Proyectos tipo 1, que se implantarán en un área de alta sensibilidad ambiental, por lo cual se tendrían que haber rechazado de plano (por ejemplo, la doble vía o nuevo balcón de Garganta del Diablo”.
Otro cuestionamiento es que “las obras se agruparon como ampliaciones, cuando en realidad algunas son nuevas obras”. Y se suma el hecho de que “no se analizaron las 3 alternativas que establece el reglamento”.
Impacto ambiental
La denuncia pública remarca que “las obras no se avienen a lo establecido en el Plan de gestión, que establece la necesidad de elaborar un plan de uso público y establecer capacidad de carga (no ampliar la capacidad receptiva). Sin embargo, en el proyecto se menciona como premisa fundamental para la ejecución de las obras, la posibilidad de recibir un mayor número de visitantes”.
“Previo a analizar obras se debe establecer un límite al número de visitantes. Sin este límite, ninguna infraestructura será suficiente. Esto ha sido solicitado en todos los talleres elaborados en el proceso de elaboración del Plan de Uso Público del PNI”, remarcan.
Lo grave en este caso es que “durante 2018 se elaboró el plan de uso público del Parque Nacional Iguazú, pero como no contempla la construcción de infraestructura para ampliar la capacidad receptiva del área cataratas, sino, por el contrario, establecer límites a la cantidad de visitantes, las autoridades de la APN no lo han aprobado”.
Las obras que se pretenden realizar “no siguen criterios operativos convenientes en relación con el mantenimiento de la calidad de la visitación, sino atiende a aspectos económicos de la empresa, de hecho, el tratamiento de efluentes ya está colapsado y la emisión de las aguas servidas al río Iguazú constituye delito ambiental, que ni la empresa ni la APN han atendido adecuadamente”, expresa el documento de ATE.
A la vez señala que “estas obras se financiarán con el aumento del cobro de acceso, es decir que los visitantes pagaran las obras de los visitantes del futuro… para que cuando estén terminadas la empresa cobre por una inversión que no realizo”.
Y el último párrafo acusa que “algunas de estas obras,son necesarias, otras no, y otras requieren modificaciones al proyecto ya que, de lo contrario, generarían un impacto no admisible e irreparable al ambiente, en cuyo caso se debe cumplir con los procedimientos legales impuestos en la normativa, para que el PNI siga siendo Patrimonio de la Humanidad y no el negocio de un puñado de CEOS que circunstancialmente están en la función pública”.
