En la ocasión los familiares de la víctima solicitaron formalmente a la Jefatura de Policía que en la comisaría de Santa Ana no presten servicio uniformados residentes en esa localidad. Dicha medida fue efectivizada por las autoridades de la Unidad Regional XIII -con asiento en San Ignacio-, en las primeras horas de este miércoles. Por otra parte, durante la movilización también pidieron que “la Justicia sea lo más rigurosa posible con los acusados”.
Víctor fue asesinado de un tiro en la cabeza la madrugada del pasado sábado 24 de agosto, en una calle terrada de Santa Ana.
Una investigación determinó que fue una bala policial, por lo que actualmente se encuentran detenidos tres sospechosos, dos oficiales y un suboficial.
La pericia balística determinó posteriormente que el arma de fuego utilizada fue la de uno de los oficiales (subayudante), de 32 años. Se trata de una pistola 9 mm., que es la reglamentaria de la fuerza.
Apenas 48 horas después del hecho y cuando aún el caso estaba sin resolver, el padre del menor murió de un infarto, lo que golpeó nuevamente a la familia.
En su momento los uniformados tras las rejas fueron imputados por “homicidio agravado”, un delito que prevé pena de perpetua para aquellos que fueran hallados culpables.
Los organizadores de la marcha anunciaron que la nueva convocatoria para marchar será el próximo martes.
