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Pidieron prisión perpetua por el crimen de Cristian Hugo Ayala

22 agosto, 2019
ALEGATOS. De espaldas el defensor Torres Muruat y la imputada, frente a los integrantes del Tribunal Penal.

ALEGATOS. De espaldas el defensor Torres Muruat y la imputada, frente a los integrantes del Tribunal Penal.

ALEGATOS. De espaldas el defensor Torres Muruat y la imputada, frente a los integrantes del Tribunal Penal.

El juicio por el crimen ocurrido el 14 de diciembre de 2017 entró este miércoles en su etapa final con los alegatos de las partes. Marisa Duarte (32), está acusada de haber matado a su pareja, Cristian Hugo Ayala (32), en la vivienda que compartían sobre la calle Resistencia, a la altura del kilómetro 7 de Eldorado. 

El representante del ministerio púbico fiscal, el doctor Federico Rodríguez, expresó ante el Tribunal que estaba claramente probado que la mujer había sido la autora del crimen, más allá de que ella en el debate intentó continuar con su estrategia de sostener que el hombre se había quitado la vida provocándose cortes y hasta inclusive una puñalada mortal en el corazón.

En este sentido es necesario recordar que en los minutos posteriores al hecho, la acusada se dirigió a la casa de un vecino a pedir ayuda, diciendo que su pareja se había matado.

Por ello, Rodríguez mencionó que más allá de las pruebas, el mismo sentido común dictaba que era muy difícil que quien quisiera acabar con su vida se efectuara cortes en una oreja y en el cuello para finalmente apuñalarse en el corazón. Citó además el testimonio de una perito forense, en el cual, la profesional explicó la mecánica de ese tipo de lesiones, hecho que habría contribuido a desarmar la coartada de la mujer, según entendió el fiscal.

Mencionó además que si bien se conoció que ambos estaban alcoholizados, la mujer comprendía perfectamente lo que estaba haciendo, dado que eso inclusive le permitió idear una estrategia para ir a pedir ayuda desligándose del hecho, en busca de quedar impune. “Estaba plenamente conciente de sus actos”, remarcó Rodríguez.

Pidió que se le aplicara la pena de prisión perpetua y se la declarara reincidente, teniendo en cuenta que ya había purgado una condena por la muerte de Karina Villalba (19), a la que mató de una puñalada en el corazón, hecho ocurrido el 6 de mayo de 2009 en el barrio Nach.

A su turno, el defensor oficial de Marisa Duarte, el doctor Rodrigo Torres Muruat, alegó que si se consideraba que la fiscalía había pedido una pena tan elevada como la perpetua, primero debía quedar claramente acreditado el hecho, caso que a su entender no ocurrió durante el debate.

Para ello mencionó que el supuesto crimen que cometió su defendida había ocurrido dentro de cuatro paredes, sin que hubiera testigos del hecho, sumado a que la mujer siempre sostuvo que su pareja se había suicidado.

Insistió que las pruebas no permitían que se pueda decidir con toda la certeza necesaria la culpabilidad de su defendida, teniendo en cuenta el tipo de pena requerida por el fiscal.

Por otra parte, mencionó que quedó probado que no hubo discusión previa, porque ninguno de los testigos hicieron mención a que hayan escuchado algo similar en la casa antes que ocurriera el hecho. Además, destacó que ambos tenían una buena relación de pareja y en ese contexto se produjo la muerte de Ayala.

Por lo expuesto en su alegato, pidió a los magistrados la absolución de su defendida por el “beneficio de la duda”.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio para el próximo miércoles 28 de agosto. Ese día se estima que la imputada hará uso de su derecho a decir unas últimas palabras ante el Tribunal, antes que los magistrados Lyda Gallardo, Atilio León y María Teresa Ramos se retiren a deliberar la sentencia.

Tags: #JudicialesHomicidioMarisa Duarte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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