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Trabajadores de la salud volverán a la lucha

13 agosto, 2019

Tras el fracaso de la conciliación obligatoria cuya última reunión tuvo lugar este martes, los trabajadores de la Salud Pública nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) participarán hoy y mañana en asambleas en sus lugares de trabajo para definir los mandatos que el viernes acercarán al plenario general de la CTA Autónoma donde se acordará el plan de acción a partir de la próxima semana.

Después de casi 50 días de conciliación obligatoria convocada el 25 de junio por el Ministerio de Trabajo provincial, entre los trabajadores de la Salud, representados por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma, el Ministerio de Salud Pública y el Parque de la Salud, la CTA pidió la liberación de las partes porque están totalmente vencidos los plazos previstos en la ley.

“La ley estipula que la conciliación dura 15 días hábiles y se puede prorrogar 5 días más, es decir cuatro semanas; pero en nuestro caso hemos cumplido siete semanas de negociación”, detalló ayer a PRIMERA EDICIÓN Juan Pasaman de la CTA.

 

Negociación trabada

Los puntos del reclamo del sector que se llevaron a conciliación son tres: la unificación del régimen laboral para todos los trabajadores de Salud, lo que significa el pase a planta de todos los contratados y becados (unos 10.000 profesionales y no profesionales), incremento salarial y el pago del adicional del 60% que perciben otros estatales de otros sectores pero no los de Salud.

“En cuanto a la unificación del régimen laboral para todos los trabajadores de salud pública, que según estimamos son aproximadamente 10.000 agentes, Salud Pública ofreció una recategorización que beneficiaría a 450 trabajadores, por lo que esta medida beneficiaría al 4,5% del recurso humano del sector. Respecto al segundo punto, el aumento salarial, nos dijeron que elevaron una propuesta al Gobernador pero aún no tuvieron respuesta por lo que no se avanzó nada. Lo mismo ocurre con el adicional del 60% sobre el que tampoco hubo ninguna respuesta. Por lo que, en función de lo poco que se avanzó en la negociación, hacemos responsable al Ministerio de Salud Pública del fracaso de esta conciliación obligatoria”, aseveró Pasaman.

Según indicó el dirigente, los referentes del Gobierno defendieron el anuncio del pago como una recomposición salarial, “pero el bono de 7.500 pesos en tres pagos, es un pago efímero y estacional que no se incorporará al salario por lo que en diciembre nuestro sueldo volverá a ser el mismo que el de este mes. Además, el bono lo recibirán todos los empleados públicos, desde los que ganan 10.000 pesos por mes a los que ganan más de 60.000 pesos”.

 

“Hay contratos por 4.500 pesos por 40 horas semanales”

El dirigente de la CTA aseguró que en estos 50 días “mostramos voluntad de diálogo pues nos sentamos a negociar de buena fe. Pero la verdad es que no vimos la misma buena voluntad por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública de avanzar en un régimen laboral único y terminar con la precarización. Todo lo que planteamos quedó en el expediente con las documentales correspondientes, en este momento hay contratos de técnicos de laboratorio en Salud Pública por 40 horas semanales de trabajo por 4.500 pesos”.

Vale recordar que la Central visibilizó en los últimos meses los magros ingresos que perciben algunos profesionales médicos y enfermeras. Incluso, expuso la brecha salarial que existe entre las enfermeras que están contratadas por el Parque de la Salud de las que están en planta permanente de Salud Pública.

 

Dos días de asamblea

Los trabajadores de la Salud participarán hoy y mañana de asambleas en sus lugares de trabajo para discutir los mandatos que llevarán al plenario de la CTA de este viernes donde se definirá el plan de lucha para los próximos días.

“Estamos hablando de paros progresivos y una movilización provincial para la primera semana de septiembre, pero eso es lo que se pondrá a consideración de las bases”, anticiparon los dirigentes de la Central.

Tags: #saludConciliaciónGremiales
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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