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UCA advirtió el crecimiento de la pobreza estructural de las familias argentinas

6 agosto, 2019
LOS MÁS AFECTADOS. Niños y adolescentes siguen siendo la población más vulnerable ante la pobreza estructural.

El Gobierno nacional difundirá en septiembre los índices de pobreza. Sin embargo, se dieron proyecciones sobre posibles porcentajes de argentinos alcanzados por este flagelo, que oscilan el 35%.

Sin embargo, las mediciones multidimensionales que toman no solamente el ingreso que obtienen las familias para determinar si es pobre o indigente, se sostienen en el tiempo otros derechos vulnerados que hacen a la calidad de vida (acceso al agua, cloacas, vivienda digna, empleo registrado, entre otros).

Desde el Observatorio de la Deuda Social, a cargo de la Universidad Católica Argentina (UCA), pusieron énfasis en que hay que separar las cuestiones coyunturales (como es el ingreso) de las estructurales (como la cuestión de vivienda, educación, salud, etc).

En diálogo con “El Aire de las Misiones”, por FM de las Misiones 89.3, Eduardo Donza (sociólogo e investigador de UCA) explicó ambas cuestiones. “Hay que identificar bien en esto las cuestiones coyunturales que pueden hacer subir o bajar el porcentaje de población en situación de pobreza, muy atado con las devaluaciones y los aumentos de precios. Y una inflación que, lamentablemente, no la podemos detener. Después, hay una cuestión estructural que es lo más serio”, en referencia a las condiciones de vida de la población.

“Si lo pensamos seriamente, las mejoras en la calidad de vida de la población, medida en pobreza por ingresos, mejoró mucho después de las políticas neoliberales, después de la crisis de 2001-2002 cuando teníamos un 52% de población en situación de pobreza y 21% de desocupación. Es decir que más de la mitad de la población en situación de pobreza. Eso fue mejorando mucho hasta los años 2008-2009 cuando se estancó en un promedio del 29 al 30%. De allí no pudimos mejorar más. Y siempre estamos coyunturalmente con una mejora del 1 o 2% y unos agravamientos del 2 o el 3%”, expresó Donza.

Sin embargo, hay otros indicadores que preocupan más: “Lo más serio, desde hace varias décadas, es que se puede identificar que un alto porcentaje de las familias están en esa situación estructural de pobreza. No es sólo una cuestión monetaria, de conseguir un mejor ingreso o un trabajo para salir fácilmente, sino de la calidad de la vivienda y de los servicios: los más serios son la ausencia de conexión a la red de agua y cloacas. La parte de la salud que no está bien cubierta aunque todavía los hospitales públicos funcionan relativamente bien aunque no llegan a cubrir todo. La educación de los niños y los adolescentes. El sistema de seguridad social con las jubilaciones o el trabajo registrado”, detalló.

Donza de la UCA, advirtió que “Cuando se mide la pobreza multidimensional, que es otra forma de medirlo, ahí tenemos grandes falencias desde hace mucho tiempo. Ahí encontramos que cerca del 25% tiene tres o más de esos derechos vulnerados. A las coyunturas adversas que, lamentablemente solemos tener en Argentina cada dos años y que se juntan cada vez más en el tiempo, se suma una cuestión estructural de la que es muy difícil salir. Esto nos indica un problema muy serio”.

EDUARDO DONZA. “Cuando se mide la pobreza multidimensional, que es otra forma de medirlo, ahí tenemos grandes falencias desde hace mucho tiempo. Ahí encontramos que cerca del 25% tiene tres o más de esos derechos vulnerados”.

Más pobreza entre asalariados

Un reciente informe publicado por el diario porteño Clarín, sostuvo que más trabajadores asalariados quedaron bajo la línea de pobreza, teniendo en cuenta los indicados de ingresos que fueron difundidos por el Ministerio de la Producción y Trabajo de la Nación. “La medición del INDEC de pobreza por ingresos o monetaria toma en cuenta los ingresos de las personas y familias y los contrasta contra el valor de la canasta de alimentos básicos y la canasta básica total que en esos 12 meses aumentaron entre un 60,9% y 64,2% frente aumentos salarios y de jubilaciones en torno del 35%. A eso se agrega el deterioro de ingresos de los cuentapropistas informales y monotributistas registrados”, publicó Clarín.

En el mismo informe se sostuvo que “los datos desagregados indican que los asalariados pobres aumentaron del 15,3% al 22,4%: son 3.250.000 asalariados pobres que se desglosan entre 1.900.000 asalariados informales y 1.450.000 formales”.

“Estos niveles de pobreza entre los asalariados se explican porque los que se desempeñen en sector privado ganan menos de $33.395, según los datos del Ministerio de Producción y Trabajo. Con los descuentos de jubilación y salud, el sueldo ‘en mano’ se reduce a menos de $27.717. Así, sumando la asignación familiar por hijo, esos ingresos se ubican por debajo del valor de la canasta de pobreza de una familia tipo (matrimonio con 2 hijos menos) que en mayo estaba valuada en $30.337,84. De aquí se desprende que sin el ingreso del cónyuge, esas familias con empleo formal del jefe de hogar se ubicarían por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo el matutino capitalino comparando los datos.

Tags: Eduardo Donzafamilias argentinasINDECInforme UCApobreza estructural
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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