El informe preliminar de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) de la Provincia, adelantado la semana pasada por sus autoridades en el Colegio de Abogados y en el que se señalaron que los detenidos en Misiones estarían bajo cuidados y seguridad que incurren en “prácticas inhumanas y degradantes”, causó polémica y fue desmentido, de manera puntual, por representantes de la Justicia Federal.
En diálogo exclusivo con PRIMERA EDICIÓN, Norma Lampugnani, camarista del Tribunal Oral en lo Criminal de Posadas y también jueza federal de Ejecución Penal, recalcó que si bien el sistema del Servicio Penitenciario Federal se halla en emergencia oficial desde abril de este año, en Misiones rige un convenio desde hace treinta años por el cual con fondos nacionales cada detenido procesado o condenado por delitos federales que es alojado en comisarías o unidades penales provinciales, recibe la alimentación y medicamentos necesarios.
Especialmente destacó que no existe “hostigamiento ni torturas”. Pero fue más amplia y remarcó que el informe preliminar “nos causó asombro y preocupación a los jueces de este Tribunal Federal ya que supuestamente habría malos tratos, prácticas inhumanas y degradantes, que las detenciones son violentas, con golpes y torturas. Que la alimentación es deficiente, que no se garantiza la alimentación en las comisarías”.
Esto motivó una reacción inmediata por parte del Tribunal Federal. Lampugnani lo resumió de la siguiente manera: “Sorprende que la presencia de sólo once condenados federales tomara tal repercusión, lo que deja ver la ignorancia de algunas autoridades (provinciales) que, al parecer, desconocen que está vigente desde hace muchos años un convenio entre Nación y Provincia por el cual se abona mensualmente el alojamiento de los justiciables federales en lugares de fuerza de seguridad provinciales, lo que se acrecentó por el aumento de los delitos por narcotráfico, en cuya represión se encuentran interesados el Estado nacional y el provincial, atento además a la emergencia penitenciaria declarada incluye a la Unidad 17 de Candelaria, colmada en su capacidad para recibir reclusos”.
La magistrada fue tajante: “Los pedidos e intimaciones a autoridades nacionales al respecto, han sido cursados por todos los jueces federales de la jurisdicción, desde antiguo, y sin recibir condigna solución”.
La voz que levantó Lampugnani se produjo pocas horas después que los once detenidos en comisarías de Posadas se presentaron en audiencia ante su autoridad como Jueza de Ejecución el miércoles 31 de julio. Todos rechazaron cualquier tipo de maltrato u hostigamiento, solicitaron no obstante que necesitan ser reasignados sus destinos en un presidio o unidad penal en el que puedan trabajar y estudiar, hasta que puedan iniciar el régimen de salidas transitorias y reinserción. Beneficios que por lo reducidos espacios de las comisarías provinciales no pueden acceder.
En cuanto a la alimentación, fuentes incuestionables de este Diario resaltaron que ninguno de ellos emitió una queja, por el contrario detallaron una dieta variada que no sería “degradante ni insuficiente”.
Consultada por este punto, la jueza federal remarcó en sentido coincidente que “los once reclusos federales mencionados, expresaron haber sido presionados por un Defensor Oficial, obligados a firmar bajo amenazas, exacerbando los ánimos para magnificar la situación de encierro en que se hallan. Las once audiencias fueron grabadas con autorización de cada uno de ellos. Resultando que ninguno aludió ser víctima de torturas, ni malos tratos y menos aún, mala comida o falta de medicación”.
“Esta situación es altamente preocupante y se tendrá que evaluar las medidas a tomar a futuro para determinar si se trató de un exceso en la función o de una actitud poco prudente, por llamarla benévolamente, del funcionario aludido o si se trató de alguna otra conducta de llamativa laya”.
También se mostró preocupada por la modalidad de tarea o labor que implementa la CPPT. Afirmó que “nadie se acercó a consultar previamente a los jueces federales o manifestar la presunta situación del maltrato en la que los detenidos en las comisarías comen de los restos de las unidades penales”.
“No sabemos cuáles son los métodos del relevamiento, qué condiciones de certeza y qué margen de error posee y -sobre todo- con qué fines se dio a conocer a la prensa y no a los jueces de los tribunales penales a cuya disposición se encuentran los reclusos. Es necesario evaluar el exceso que se advierte en la comunicación”.
