La concejal Clelia Carballo reclamó el cumplimiento efectivo del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en esta localidad y de la ley que contempla mejoras en las condiciones de vida de aquellos vecindarios vulnerables en los que residen al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).
“Electricidad de Misiones y la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de San Vicente deben cumplir con la Ley del RENABAP y proveer los servicios indispensables para una familia. El barrio Obrero fue censado y no tiene luz eléctrica ni agua potable”, planteó la edil a PRIMERA EDICIÓN cuando fue consultada por su denuncia en las redes sociales sobre el incumplimiento del Registro Nacional de Barrios Populares.
Abandono del barrio Obrero
En el barrio Obrero viven más de 80 familias y se formó hace unos años a partir de la intrusión de una propiedad. Está ubicado detrás del barrio 51 Viviendas y a sólo ocho cuadras del centro de la ciudad. El asentamiento fue censado dentro del programa RENABAP entre 2016 y 2018, cuando se realizaron todos los relevamientos en la Capital Nacional de la Madera.
En San Vicente fueron censados 20 barrios y conglomerados habitacionales encargados por el Gobierno nacional dentro del programa RENABAP. Junto con organizaciones sociales, la concejal Carballo fue una de las encargadas de hacer el censo.
“Se hizo el relevamiento en todos los puntos exigidos por el Gobierno nacional y relevamos a unas mil familias. El programa dice que las viviendas censadas tienen que tener los servicios públicos mínimos, como luz, agua y cloacas. Pero en el barrio Obrero no tienen ni luz ni agua, que es a lo que pueden acceder”, protestó.
Carballo contó que “hicimos una recorrida por el barrio y observamos que los cables del tendido eléctrico y la red de agua potable llegan a unos 20 metros del barrio, lo mismo pasa con el camión recolector de basuras. Esta gente está en un abandono total, cuando tendría que estar atendida y con los servicios básicos indispensables para vivir”.
Luego criticó la falta de cumplimiento de las normas en ese lugar: “Pareciera que hay una decisión de condenar a esos vecinos a no tener los servicios básicos. Tienen que quemar su basura y eso contamina todo el lugar y el medio ambiente. Los vecinos hicieron infinidad de gestiones ante las autoridades municipales y entes provinciales que corresponde, pero sin respuesta. Desde Electricidad de Misiones patean la pelota para afuera y les dicen que pidan un permiso especial al intendente de San Vicente, cuando sabemos que no es necesario, porque la Ley nacional y la provincial los ampara”.
Contó además que “hablamos con las familias y están analizando que, si no hay respuesta en breve, van a hacer alguna medida de fuerza para ser escuchadas y tener una solución”. Desde su estructura política, el Partido Agrario y Social (PAyS), “va a acompañar alguna medida de protesta, para que las autoridades de la empresa eléctrica y la cooperativa de agua cumplan con su deber”, advirtió la edil.
No se cumple
“En la portada del sitio web del Programa Barrios Populares dice textualmente: ‘El certificado de vivienda familiar es un documento expedido por la ANSeS que permite a los habitantes de barrios populares encuestados en el marco del Relevamiento Nacional de Barrios Populares acreditar su domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal y solicitar servicios como la conexión a la red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural o transporte’; pero en el caso de San Vicente no se está cumpliendo con lo estipulado en ese programa, aseguró Clelia Carballo.
