La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ratificó el procesamiento de más de 40 intendentes por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Entre ellos, se encuentra el misionero Federico Neis, al frente de la Municipalidad de Puerto Rico y que resultó electo concejal de esa comuna a partir de diciembre próximo.
Se trata de una causa vinculada a los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), que giró a los jefes comunales imputados alrededor de 600 millones de pesos.
La investigación, la tiene a su cargo el juez federal Claudio Bonadio quien, en febrero pasado, decidió la imputación de 92 intendentes de varias localidades argentinas.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones, pidió investigar en mayor profundidad a la mitad de ellos, dictó la falta de mérito a otros dos y ratificó el procesamiento a otros 42.
“Al municipio de Puerto Rico, que se sitúa en la provincia de Misiones, se le giraron durante el año 2013 $2.783.936 en razón de un proyecto que sus propias autoridades reconocieron como no ejecutado, pero cuyos fondos permanecían congelados. Aquí acierta el magistrado cuando señala que tal inacción también es perjudicial, en tanto los subsidios nacionales tenían por misión introducir avances que el paso del tiempo podía tornar imposibles”, indicó la resolución judicial para fundar la medida contra Federico Neis.
Para Llorens, Bruglia y Bertuzzi “una aproximación inicial demuestra que son tantos los intendentes procesados como variadas las situaciones comprobadas en sus respectivas jurisdicciones. Es decir que la maniobra que nos ocupa, vista de manera integral, no parece adquirir la forma de un único pacto de enormes proporciones entre funcionarios nacionales y municipales, sino que se compadece con una estructura cuya desorganización fue funcional a decenas de acuerdos ilícitos”.
“Durante la instrucción ya se había demostrado que quienes controlaban los PMGIRSU incurrieron en un reparto discrecional de los caudales que debían custodiar, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines. En esta ocasión los que quedaron en evidencia fueron los aportes de los funcionarios locales que, beneficiados por esas asignaciones, sellaron la suerte de fondos que en los papeles debían ser afectados a la gestión de residuos. Este es ni más ni menos que el punto donde termina de perfeccionarse la maniobra investigada, y donde los abusos funcionales de la cadena administrativa convergen para generar un perjuicio patrimonial apreciable”, agregaron en el escrito los integrantes de la Sala I.
Cuando Bonadio lo procesó en febrero de este año, Neis apeló a las redes sociales para hacer su descargo. Entonces aseguró que “durante todos los años de gobierno, hice las cosas de la mejor manera posible. Con responsabilidad, honestidad y respeto a la comunidad que me eligió para este cargo, abierto al diálogo con todos los vecinos. Estoy seguro y tranquilo de que esto en corto tiempo, estará aclarado”.
Ahora, el magistrado podría remitir a juicio la causa y Neis debería sentarse en el banquillo de los acusados.
