Luego de las resoluciones 39/19 y 44/19 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que establece el uso de un sistema digital para actualizar el Certificado Médico Oficial (CMO) para acceder a las pensiones no contributivas, numerosas personas con discapacidad no lograron completar el trámite en los centros de salud de la provincia por la falta de profesionales y lugares habilitados.
Ante esto, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) elevó un pedido a la Nación para que se deje sin efecto esas resoluciones, adjuntando la cantidad de expedientes con inconvenientes para acceder al certificado digital. Sin embargo, la falta de respuestas y a poco de finalizar el plazo para presentar la documentación analizan recurrir a un recurso de amparo colectivo.
Luego de las resoluciones sacadas en febrero del corriente, hubo reuniones entre la Defensoría del Pueblo de Posadas, el Ministerio de Salud de la Provincia y la delegación local de ANSeS, para determinar cómo proceder ante la cantidad de casos que existen en la provincia.
“En principio se había conseguido que se extienda 30 días el plazo para presentar la documentación pero ya estamos cumpliendo el tiempo. Así que por ahora permanecemos expectantes y nos encaminamos a un recurso de amparo”, así lo aseguró a PRIMERA EDICIÓN Alberto Penayo, a cargo de la Defensoría del Pueblo capitalina.
Respecto al pedido de la población, señaló que “estamos sumando un gran número de casos donde el daño va a ser grande si dejan de percibir ese ingreso, ya que implica no poder acceder a pagos necesarios para estas personas. Hasta el momento fueron cerca de 300 personas las que se acercaron a la oficina pero siguen entrando expedientes”.
El nuevo mecanismo digital
Penayo aclaró que “desde el momento en que recibió la notificación comenzó a correr el tiempo para presentar la información solicitada. Desde la Nación dispararon tres mil cartas documento y si a los 60 días no presenta su certificado automáticamente deja de cobrar. Es decir, no te dan de baja sino que se la suspenden pero resulta casi lo mismo para estas personas hasta que puedan reactivarlo”.
El inconveniente está en el acceso al trámite. “Si las condiciones estuvieran dadas para que las personas puedan acercarse a hacer su certificado estaría todo bien pero el panorama es otro, porque no pueden acceder a los turnos en los centros de salud”, indicó.
Previamente, desde el Ministerio de Salud de Misiones habían apuntado que debería contemplarse la situación de aquellas personas que no cuentan con hospitales o profesionales dentro de sus localidades para completar la certificación, lo cual los obliga a dirigirse a Posadas con todo lo que implica el viaje y el acceso a la atención con una cantidad de pacientes con discapacidad que llegan a más de 20 mil en toda la provincia.
Todo surgió luego de que en Argentina modifican el sistema de base de datos en relación a las personas que tienen pensiones no contributivas.
“Históricamente cuando sacaban su certificado médico accedían a su pensión. Estas resoluciones lo que plantean no es que se le van a sacar sus pensiones sino que van a quedar en suspenso hasta en tanto vuelvan a presentar su certificado pero esta vez tiene que ser a través de un sistema electrónico. Se trata de un programa que debe manejarlo un médico legista y técnicamente el sistema de salud tiene que tener organizado esa parte, luego de hacer un curso para aprender cómo manejar el programa y registrar su firma”, recordó Alberto Penayo.
Más allá de la situación en Misiones, “esto pasa en todo el país. Fue así que como parte de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, en el último plenario elevamos un exhorto a pedido de la situación en Posadas que logró la mayoría de votos y se aprobó. El pedido se envió al Gobierno nacional para que dejara sin efecto estas dos resoluciones porque lesiona el derecho que otorga una ley por dos resoluciones, pero hasta el momento seguimos expectantes”, contó.
El trámite en Posadas
Consultado por PRIMERA EDICIÓN el delegado de ANSeS Posadas, Marcelo Julien, aseguró que con respecto a las pensiones no contributivas y el certificado digital: “Se resolvió, dada la cantidad de oficinas que tenemos en el país, que brindemos los turnos para pensiones no contributivas o discapacidad para regularizar su ADP, el administrador de personas, que indica las relaciones intrafamiliares. Una vez que eso esté bien, se comprueba que no tenga bienes declarados. Vía web se lo envía a la Agencia Nacional de Discapacidad, que determinará si es apto para una pensión por discapacidad dada su estado”.
El primer paso es dirigirse a “los médicos oficiales en los hospitales públicos, que deben hacer la evaluación en base a un manual con calificaciones y porcentajes de discapacidad. Una vez determinado eso, el médico firma electrónicamente, luego lo debe hacer el director del hospital”, añadió.
