Con el inicio del período legislativo, ocurrido el 1º de mayo último, tomó estado parlamentario el proyecto que propone limitar por ley “el uso de medicamentos que contengan el principio activo Misoprostol, al ámbito institucional sanitario y hospitalario exclusivamente”.
Aunque el proyecto todavía no empezó a debatirse en la comisión de Salud, desde algunos sectores, especialmente del ámbito del Derecho y de los colectivos de Mujeres, lo cuestionan porque, de aprobarse, sería “inconstitucional”.
De hecho, y a decir del abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, consultado por PRIMERA EDICIÓN, de convertirse en ley, violaría “el sistema de fuentes determinado por el paradigma constitucional argentino, porque, es el Estado Federal quien tiene la competencia de determinar la naturaleza de los medicamentos y la forma de circulación de los mismos”.
Una provincia no puede restringir un medicamento al que la ANMAT ya ha determinado una circulación por farmacias, es decir, sacarlos de ahí y circunscribirlo al ámbito de los establecimientos públicos y a los hospitales, porque si lo hace, está invadiendo la competencia del Estado Federal”, enfatizó Gil Domínguez.
“Más allá de lo que suceda en una relación médico-paciente, entre una mujer y un médico, lo que no se puede hacer es cambiar la naturaleza que le otorgó la ANMAT a un medicamento, en términos de dónde se va a comercializar. Eso no lo puede hacer una provincia”, insistió Gil Domínguez.
En farmacias
El misoprostol en su versión ginecológica puede ser comprado bajo receta archivada, en las farmacias del país, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, en octubre de 2018.
Sin embargo, en aquella oportunidad, un sondeo elaborado por el Colegio de Farmacéuticos de Misiones, señalaba que más del 90% de sus miembros directamente “no querían venderlo”.
La diputada Natalia Raquel Rodríguez, quien fue presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, trabajó en la elaboración del proyecto, el cual lleva la firma de otros diputados que integran la comisión de Salud de la Legislatura, y explicó a este Diario, algunos de sus fundamentos.
Esto llevará un gran proceso de análisis dentro de la comisión. No hay una decisión cerrada al respecto, es la postura de los farmacéuticos y ahora tiene que pasar por todo el proceso legislativo, con todos los debates y análisis que tengamos que hacer”, comenzó a decir la legisladora.
“Nosotros lo que planteamos es la seguridad de que se siga manteniendo, dentro del uso hospitalario (público y privado), como era antes de octubre del año pasado. Apuntamos a que el tratamiento con Misoprostol no sea ambulatorio si no que se lo lleve adelante dentro de una institución”, describió sobre la norma.
Indicó Rodríguez: “El problema no es el Misoprostol, sino que la nueva presentación de uso ginecólogo pedimos que sea de uso institucional”.
“Pensamos que es una cuestión de seguridad. Las mujeres que lo utilizan deberían estar bajo un cuidado médico. Una cuestión es que el médico lo recete y la mujer haga un tratamiento ambulatorio en la casa y otra cuestión es que el médico lo prescriba y haga el tratamiento bajo su control dentro de la institución”.
Volvió a insistir la diputada: “Este proyecto sale a partir de una postura institucional, a partir de una encuesta que se hizo entre los farmacéuticos que ejercen la profesión en la provincia. Esa es la mirada que nosotros tenemos y ahora hay que debatirlo. Esto no es una cuestión que se va a aprobar así sin más, si no que hay que sentarse y analizar, como todas las leyes que tienen que ver con la seguridad y la salud de la población”.
“Se busca restringir aún más un derecho”
La antropóloga Lidia Schiavoni, quien investiga y trabaja en temáticas referentes a los derechos de las Mujeres, fue convocada por este Diario para dar una mirada referente al proyecto de Rodríguez que lo rechazó de plano tras estudiarlo.
“Estoy en contra de una ley con esas condiciones, fundamentalmente porque creo que minimiza la capacidad de las mujeres para consultar profesionales que estén atentos a sus necesidades y me parece que acá hay una desvalorización de su capacidad de acción”, sostuvo Schiavoni.
“Lo que pone en tensión la administración de este fármaco es no sólo un posicionamiento ideológico sino un negocio. Termina con el negocio de los abortos, y los farmacéuticos salen con esta argumentación de la salud”, ironizó.
“Se supone que todos los remedios son para el cuidado de la salud y nadie usa el Misoprostol a tontas y a locas. Me parece que hay ahí una minimización de la responsabilidad de las mujeres hacia su administración y el apoyo que dan las socorristas al uso más doméstico o privado de este recurso”, dijo.
“La ANMAT al autorizar su uso, no está siendo revolucionaria. Es un medicamento aprobado por la OMS. En este escenario hay que mirar que en nuestra provincia, los movimientos antiabortos atacan como pueden”, cuestionó.
“Así como intentaron no administrar la pastilla del día después porque no estaban de acuerdo, y lo tuvieron que hacer porque la legislación nacional lo imponía, creo que va a pasar algo semejante”, finalizó.
