En medio de la polémica en torno a los controles viales por radar a raíz de que el juez Federal de Paraná (Entre Ríos) declarara inconstitucional una fotomulta emitida en Misiones a un turista de esa provincia, el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (OViLAm), el ingeniero Fabián Pons, accedió a una entrevista con la FM 89.3 Santa María de las Misiones en la que calificó como “correctísimo” ese fallo judicial y como “bastante paupérrimo” el descargo oficial de la Provincia, donde se aseguraba que los radares están homologados para funcionar y que no pudieron notificar in situ al infractor porque pasó los controles a mayor velocidad de la permitida.
“Es bastante paupérrimo el descargo, eso que dijo que no se puede detener al vehículo porque venía rápido. No, no detienen a ninguno, no hubo el menor esfuerzo”, consideró Pons en entrevista con el programa “Primera Plana”.
Para él, “está claro en el artículo 76 de la Ley Nacional de Tránsito, que suscribió Misiones y no puede hacer modificaciones: cuando se use un elemento electrónico para hacer fotomultas, en un radio de 10 kilómetros se debe detener a esa persona para comunicarle, porque si no, no se cumple con lo más importante, que es hacer cesar la infracción”.
“Argentina necesita multiplicar la cantidad de controles, mejorarlos en cuanto a calidad y a cantidad, no solamente hacer fotomultas y utilizar medios electrónicos, sino empezar a usar nuevamente controles dinámicos; y por otro lado se contrapone esta necesidad de más controles con que los pocos controles que se hacen están mal hechos y en gran cantidad persiguen solamente fines recaudatorios“.
“Esto se ha convertido en un verdadero comercio, donde estas fotomultas de dudosa calidad -porque los radares pueden estar homologados, pero hay que ver si están controlados en cuanto a su correcto funcionamiento-, o que muchas veces incluso no se hacen, no se mandan a los domicilios o se mandan sin notificación de recibo; después aparece un supuesto reclamo de deuda por parte de un estudio de abogados cuando nunca se comunicó la multa, nunca se garantizó nuestro derecho constitucional de defensa y nunca se comunicó el fallo del juez; entonces se convierte en una bola enorme de dinero que reclama un estudio de abogados. Todo esto hace que la sociedad dude más todavía de los controles policiales o municipales, en vez de decir ‘bueno, la verdad es que me la mandé y tengo que pagarla’”, denunció Pons.
Según el titular del OViLAm, “lo que hay que hacer es multiplicar los controles, pero de forma noble, cumpliendo lo que dice la ley. Los controles electrónicos se deben colocar en lo que llaman puntos negros, advertirlos con suficiente antelación, porque yo lo que quiero hacer es evitar que genere un siniestro, generar un efecto disuasorio, la intención no tiene que ser multar, sino prevenir; pero en muchos casos el fin no es prevenir sino recaudar”.
Entonces, ¿hay que hay que pagar o no hay que pagar las fotomultas? Según Pons, “lo que hay que hacer es ejercer el derecho al descargo. Si te encontraron cometiendo una infracción de exceso de velocidad, tenés que aceptar tu multa, pero te la tienen que comunicar como corresponde, tenés que tener tu tiempo para hacer el descargo. Luego, si la Justicia determina que uno es infractor y que tiene que pagar, hay que pagar, no se puede ir en contra de la ley. Lo que sí hay que hacer valer es el derecho al descargo”.
Un problema cultural
Las cifras de siniestros viales -y el “tendal” de muertos y heridos provocados por ellos- surge de un complejo “cóctel” de factores. Pero, según Fabián Pons, el principal es que “en Argentina partimos de un gran problema, que es cultural: manejamos como nos movemos en la vida, y en la vida hemos perdido gran cantidad de valores, sobre todo de respeto al prójimo, entonces nos interesa lo que nosotros queremos y no cuánto podamos perjudicar a mi vecino o a mi compañero de ruta con tal de que yo me salga con la mía”.
“Lo vemos cotidianamente en gente que excede la velocidad, gente que avanza por las banquinas, que no respeta los semáforos, gente que no se protege y está perjudicando a toda la sociedad, porque un motociclista que se rompe la cabeza contra el suelo lo tenemos que atender generalmente en un hospital público que pagamos todos”, ejemplificó.
A ello sumó también que “falta educación: los contenidos que estamos trabajando para concientización son bastante pobres, seguimos pregonando e insistiendo con cosas perimidas, habría que pasar a otros estadios. Y en infraestructura hemos mejorado pero aún falta muchísimo”.
