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Capacitación en EEUU para funcionarios judiciales desató otra polémica en el STJ

4 abril, 2019
ZARZA Y VENCHIARUTTI. Los dos ministros misioneros, en el centro, fueron reconocidos por la Nación

El criterio de asignación de partidas de la Justicia misionera es una facultad exclusiva que tiene el Superior Tribunal. Ayer se puso nuevamente en tela de juicio porque el reparto no se ajusta a las prioridades o necesidades más urgentes en los Juzgados.

La polémica en el máximo Tribunal volvió a instalarse en la agenda política, luego de conocerse un costoso viaje que realizará un puñado de funcionarios de primera línea del STJ a los Estados Unidos para capacitarse en liderazgo.

Se trata de la resolución 802/19 de la oficina de Personal del Superior Tribunal de Justicia, con fecha 10 de marzo del 2019. En el documento, el presidente del STJ, Froilán Zarza, se expidió a través de una acordada -junto a los demás miembros- para habilitar y aprobar un viaje de capacitación de la ministra Roxana Pia Venchiarutti Sartori (actual directora ejecutiva del Centro de Capacitación Judicial), junto a otros colaboradores de su oficina.

Se trata de un curso denominado “Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales”, organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que empieza mañana y trascurrirá por doce días y trece noches en las ciudades de Washington y Nueva York.

Este programa es el principal intercambio profesional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Fue Lanzado en 1940 con el objetivo de fomentar el entendimiento mutuo entre ese país y otras naciones a través de visitas de corta duración, las cuales son diseñadas para “líderes emergentes extranjeros”. Estas visitas “reflejan los intereses profesionales de los visitantes internacionales y apoyan los objetivos de política exterior de Estados Unidos”, justificaron fuentes del STJ.

La ministra Venchiarutti se fue acompañada de Alejandra Barrionuevo, Waldemar Cricel, Carina Pérez y Liliam Belloni. En la resolución de Zarza no se detallan los gastos que tendrá el Poder Judicial con este viaje, pero se facultó a la Presidencia del cuerpo a “habilitar los medios necesarios para que se abonen los gastos de traslados dentro y fuera del país”.

En el ámbito de la Justicia, entre el personal indignado con esta noticia, circularon audios y mensajes de WhattsApp con los números de cuánto costaría solo el viaje, sin viáticos ni gastos de hotelería. Se calcularía entre 1.200 y 1.300 dólares por persona, lo que equivale a unos 50 mil pesos por cada uno.

Si la asignación de recursos fuera equitativa y los Juzgados tuvieran condiciones dignas de trabajo, este viaje no hubiera generado el rechazo ni la polémica que generó. Pero desde diversas oficinas, incluso desde el propio Palacio de Justicia, señalaron a este Diario que falta equipamiento para trabajar, no habría personal de limpieza suficiente, faltan aires acondicionados, impresoras, tinta, papel, elementos de higiene personal básicos como papel higiénico, etc.

Explicación del STJ

Desde el Superior Tribunal salieron ayer a brindar explicaciones mediante una gacetilla de prensa. Consideraron que este viaje es un “reconocimiento al Centro de Capacitación” que permitirá a integrantes de este organismo “exportar su experiencia y traer nuevas propuestas en la materia”.

Detallaron que los funcionarios recibieron una beca “luego de obtener el Diploma de Reconocimiento Nivel Plata a la mejora en el criterio: ‘Enfoque en el Usuario’ y ‘Participación Eficaz del Personal’ otorgado por el Programa de Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

“Esta beca es asignada sólo a 10 participantes y el Poder Judicial de la provincia de Misiones fue distinguido en esta oportunidad. De esta manera los magistrados y funcionarios que concurran podrán: conocer el sistema de formación de los operadores jurídicos en Estados Unidos; explicar el sistema y métodos de formación de operadores jurídicos en la Provincia de Misiones; generar comunidades de buenas prácticas para posibilitar el intercambio de experiencias innovadoras en formación judicial; asistir a conferencias sobre el sistema judicial norteamericano y compartir la experiencia de la implementación de normas ISO de calidad en la justicia”, finaliza el comunicado.

Tags: JusticiaPolémicaSTJ
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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