Lo que sucedió es que, un ciudadano oriundo de Paraná que pasó sus vacaciones en la tierra colorada, recibió una fotomulta por exceso de velocidad por 11 mil pesos. Diego Beber Brunner decidió acudir al Juzgado Federal Nº2 de Paraná y su titular, Daniel Alonso, declaró inconstitucional el sistema de fotomultas misionero.
El Ministerio de Gobierno de Misiones aseguró no haber sido notificado ni de la denuncia ni de la resolución judicial. Sin embargo, ayer preparó un escrito de apelación y la recusación del juez Alonso.
Derecho a defensa
Brunner es abogado y asumió su propia defensa. Explicó a “El Aire de las Misiones que se emite por la 89.3 FM De las Misiones que “con mi familia visitamos en enero las Cataratas del Iguazú. A fines de enero o ya en febrero, nos llegó la fotomulta a mi domicilio por exceso de velocidad. Acudí a la Justicia Federal y el juez Alonso dio lugar a la vía de amparo y tuve un fallo a favor. Me baso en la ilegitimidad en el sistema de comprobación de multa por fotorradar, ya que no se respeta el artículo 70 de la Ley Nacional de Tránsito, que establece que el funcionario actuante debe detener al conductor, identificar quién está conduciendo el rodado, las condiciones del conductor y el rodado, explicarle cuál fue la infracción y darle un acta en original y copia para el supuesto infractor, cosa que no se respetó en esta ocasión”, dijo el entrerriano.
También indicó que “era un radar móvil homologado por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte pero no se cumplía con las necesidades constitucionales que rigen en materia federal. Homologado estaba pero no se cumplió con el debido proceso y derecho a defenderme”.
Además Brunner explicó que “la multa que me llegó requería que me presente en cinco días hábiles en la ciudad de Posadas, cosa que era totalmente imposible para mí, ya que estamos a más de mil kilómetros de distancia. Eso también la Ley Nacional de Tránsito dice que, cuando el supuesto infractor reside a más de 60 kilómetros del lugar del hecho, puede prorrogar la jurisdicción a su domicilio y es otra de las cuestiones en las que me fundamenté”.
“Proceso judicial nulo”
Desde el Consejo Provincial de Seguridad Vial, enviaron un comunicado haciéndose eco de las repercusiones periodísticas y destacaron “en primer lugar, que la Provincia de Misiones nunca fue notificada de una acción de amparo, que posibilite hacer ejercicio del derecho de defensa, exponiendo sus argumentos y fundamentos, lo que implica que el proceso judicial instaurado padezca del vicio de nulidad. En segundo lugar, el juez interviniente por normas procesales vigentes, debía haberse inhibido de oficio, remitiendo los actuados a un par de la Provincia de Misiones por razones de jurisdicción, sin perjuicio de haber podido adoptar alguna medida cautelar, que procesalmente sería viable si se considerara vulnerado algún derecho del actor, cosa que no sucedió”.
Sostuvieron que “estamos ante un proceso judicial nulo por falta de notificación de la demanda a la demandada (Provincia de Misiones), cuestión que será vertida inmediatamente por la Provincia de Misiones mediante el ejercicio de acciones legales que le corresponden”.
Así, dejaron en claro que el sistema de radares móviles y fotomultas continúa vigente en la provincia de Misiones.
Por su parte, en diálogo con Karem Welter de Extraprensa, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, sostuvo que “el mensaje es malo ya que debería ser que se respeten las normas de tránsito como hay que respetar cualquier norma” y se preguntó “por qué no nos tiene que indignar que una persona viole las normas de tránsito y pase a 120 por Roca cuando la velocidad máxima es 60”.
Además lamentó que “vivimos en una sociedad un poco hipócrita y cínica y parece que algunos delitos son menores que otros” y agregó que “si queremos ser un país en serio empecemos a respetar las normas de tránsito”.
Con respecto al caso puntual del fallo del juez entrerriano comentó que “lo que se está cuestionando es cómo se labró el acta”, no si la infracción ocurrió o no.
Finalmente aseveró que “este juez está causando un gran perjuicio a una provincia que tiene un índice muy alto de accidentología y que gasta muchísimo dinero en aquellos accidentes donde terminan en un hospital público y usted, yo, todos pagamos con nuestros impuestos para que esa persona sea recuperada”.
