Tras conocerse la decisión del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 8 de Posadas de suspender por 90 días la ejecución de la sentencia por la cual este viernes iba a quedar “en la calle” una de las familias mencionadas, llegó cierto alivio para los habitantes de la chacra 43, en el barrio Patotí, pero sin embargo desde distintos sectores advirtieron que “la lucha sigue”.
Un sector del barrio Patotí, que desde el viernes pasado venía cortando el tránsito sobre las avenidas Lavalle y Urquiza de esta ciudad ante la amenaza de desalojo que pende sobre varias familias de la chacra 43, recibieron ayer un poco de oxígeno al conocerse la decisión del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 8 de suspender por 90 días la ejecución de la sentencia por la cual este viernes iba a quedar “en la calle” una de las familias mencionadas.
Con el argumento de “garantizar los derechos fundamentales de los damnificados”, la jueza Adriana Beatriz Fiori hizo lugar a una cautelar presentada por la defensa de Susana Franco, por lo que se posterga por tres meses el anunciado desalojo, hasta tanto el Instituto de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) pueda relocalizar a la mujer y su numerosa familia -entre ellos, varios menores y discapacitados- en Itaembé Guazú.
No obstante, el abogado Juan Ramón Melgarejo, patrocinante de Franco, advirtió a PRIMERA EDICIÓN que la mujer “lleva más de 40 años en la propiedad, así que vamos a accionar la nulidad de la sentencia (de desalojo, dictada por la antecesora de Fiori en el Juzgado Civil 8) para proteger el derecho de arraigo”. Así las cosas, más allá de este alivio momentáneo, el litigio seguirá su curso debido a que “la realidad es mucho más compleja”, según describió Melgarejo.
En la misma línea, el defensor del Pueblo, Alberto Penayo -quien el lunes, tal y como informó este Diario, visitó a los manifestantes junto a otros integrantes de la Mesa Interinstitucional-, expresó que “la decisión nos pone felices, pero la lucha continúa por los otros casos que aún están en la Justicia”, que serían al menos 10 y podrían llegar a las 33, según vecinos de la zona.
“En ninguno de los casos, la sentencia garantiza la integralidad de las familias, por eso es que continuaremos acompañando de cerca todo el procedimiento”, argumentó.
Desde la Justicia, a su vez, remarcaron que “en numerosas oportunidades tomaron participación organismos del Estado” -entre ellos el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social, la Municipalidad y el IPRODHA- “a fin de preservar los Derechos Humanos de los ocupantes de las tierras” y “asistir” a las familias que habitan los terrenos en conflicto y que se exponen a ser desalojadas.
Origen del conflicto
El problema en torno a los lotes 26 y 27 de la chacra 43 data de casi medio siglo atrás. Su antiguo propietario era Don Manuel Jara, quien -según Melgarejo- “allá por 1974” entregó una porción a Susana Franco “en pago por el trabajo de sus padres, que se desempeñaban allí”, pero ese traspaso nunca quedó documentado y “por ignorancia” nunca se buscó la regularización dominial, aunque sí “hay múltiples pruebas” de que tanto ella como otros ocupantes al borde del desalojo llevan en el lugar “más de 40 años”.
Al morir Jara y realizarse la sucesión, los herederos se consideraron legítimos dueños e iniciaron acciones legales en 2008. La Justicia les dio la razón en 2013 y la sentencia quedó firme en 2015. Ahora se abrió un proceso de revisión del fallo y de los pasos procesales que podría extenderse aún largo tiempo.
