LO que sucedió es que no contaba con la indicación del médico infectólogo que lo trata; cerró el día con la novedad de que seguiría internado y que su atacante fue nuevamente demorado, esta vez por intento de hurto, y liberado a las pocas horas.
Al inicio de la jornada, el abogado de la familia, Jorge Zabulanes, había indicado a PRIMERA EDICIÓN que su defendido iba a poder volver a su casa, horas más tarde sin embargo, Roxana la esposa del trabajador internado en el Hospital de Agudos contó a este Diario que el especialista prefirió dejarlo en observación un tiempo más y cambiarle la medicación para asegurar la eficacia del tratamiento.
Con este parte médico y aún sin saber qué secuelas tendrá que afrontar a causa de lo ocurrido, ayer la familia y la comunidad educativa en la cual se desempeña, se enteraron que el adolescente fue nuevamente demorado el domingo en la Comisaría XIV; en esta ocasión por intento de hurto en la Escuela 857, un establecimiento lindante al CEP 6 donde había ocurrido la agresión, el pasado 13 de marzo.
Al enterarse de los hechos, la comunidad educativa sintió que le cayó un baldazo de agua fría y expresó su descontento “con la forma en que la Justicia está tomando el caso”.
La directora del establecimiento, Karina Henn, contó que se generó un gran malestar entre los docentes, porque después del ataque al preceptor, el adolescente también se había mostrado el viernes pasado, en inmediaciones de la escuela, junto a un grupo de amigos con quienes estaba consumiendo alcohol y señalado a los maestros de forma intimidatoria.
A causa de ello, inclusive, se formuló una nueva denuncia en su contra pero, a decir de Henn “el agresor es tratado en el barrio como un ídolo, porque apuñaló a una persona y se pasea libre como si nada”, señaló impotente.
“La Justicia determinó que sea entregado a los padres, y que lo cambien de institución. No sabemos a cuál, porque como no pasó de primer año, no hace falta el pase y sus tutores lo pueden inscribir con la libreta de séptimo grado”, fue la consternada respuesta sobre los sucesos que todavía conmueven fuertemente a su comunidad.
Con el GPI
Ayer por la mañana el Gabinete Psicopedagógico del Consejo General de Educación (GPI) estuvo abordando el tema en la escuela, pero, según reconoció la directora “hay un desborde emocional porque vemos que el exalumno se pasea como un rey después de lo que hizo ¿cómo promoveremos los valores si nuestros chicos ven que quien hizo algo malo se quedó sin castigo?”.
“No sabemos qué decir estamos indignados con lo que está ocurriendo. La jueza que interviene en el caso determinó la entrega del menor a los tutores y que sea inscripto en otra escuela. Sin tratamiento psicológico o bien psiquiátrico”, relató Henn al programa Primera Plana que se emite por la 89.3 FM de las Misiones.
“Después de haber premeditado el ataque y casi matado al preceptor, quien se salvó de milagro, salió a las pocas horas de ser entregado a la policía por su padrastro. El jueves la Justicia determinó lo que te conté”. Sobre el estado de salud de Roberto Blanch, su esposa explicó que se encuentra estable, y ya ingiere alimentos líquidos vía oral.
Reclaman ART
La Unión Docentes Argentinos exigió, tras lo ocurrido con el preceptor, que el Estado provincial informe en qué estado se encuentra el tratamiento brindado a la ley 27.348 de Riesgos de Trabajo, a la cual adhirió Misiones. A partir de ese informe el gremio espera que también se precise el impacto de la misma para los trabajadores del Estado.
“Como sindicato educativo hacemos especial hincapié en el Título II de la mencionada Ley artículos 5, 6, 8 y 9, los cuales hacen referencia al empleo público”, señaló la entidad sindical en un comunicado.
En el cuerpo del texto, el sindicato menciona que desde el año 2010 viene reclamando la ART para los trabajadores de la Educación por lo cual frente a estos antecedentes no podemos dejar de exigir que se informe y sobre todo de ser viable sea cumplida en igualdad de condiciones tratándose de un derecho tan importante para todos los trabajadores como es la seguridad laboral”.
PRIMERA EDICIÓN había adelantado en distintos informes que el trabajador no poseía una ART y que iba a demandar al Estado y a la familia de su agresor.
