“Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
La organización sin ánimo de lucro, dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, afirma que existen pruebas creíbles que implicarían a los uniformados promovidos en sus cargos de haber participado en los asesinatos.
HRW asegura que de los nueve ascendidos hay tres que están siendo investigados de manera directa y los seis restantes de forma indirecta, ya que la Fiscalía General de la Nación indaga sobre ejecuciones perpetradas por soldados bajo su mando.
En el informe, Human Rights Watch señala que “los militares nombrados recientemente contra los cuales existen evidencias que los vinculan con graves abusos son Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada”.
Todos ellos eran Generales y fueron oficialmente promovidos a Comandantes el pasado mes de diciembre. Se les vincula a más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales. El presidente del país, Iván Duque, aún no se ha pronunciado sobre este cuestionamiento de HRW. El nuevo comandante del ejército de Colombia está entre los investigados. El General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, fue nombrado por el Gobierno como el nuevo comandante del ejército colombiano, el pasado 10 de diciembre de 2018.
“El general Martínez Espinel fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005”, indicó HRW.
Human Rights Watch insiste en que ha encontrado pruebas que vincularían al General Martínez Espinel, con “falsos positivos” y otros abusos, así como a los otros ocho militares promovidos.
Entre las presuntas evidencias, HRW asevera que tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que “certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos, alrededor de 400 dólares, a una persona que habría proporcionado información que supuestamente permitió lograr “excelentes resultados” en dos operaciones militares”, escribe la ONG.
“En una de estas, los soldados reportaron que dieron de baja a un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59 de las FARC. Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años”, destaca el informe de HRW.
¿Qué son los ‘falsos positivos’ en Colombia?
Es como se le conoce al involucramiento de miembros del Ejército colombiano en el presunto asesinato de civiles al margen del conflicto armado, que fueron asesinados, para ser señalados luego como supuestos integrantes de la entonces guerrilla de las FARC, muertos en combate.
La movida se habría producido en el marco de la búsqueda de recompensas económicas y ascensos al interior de la institución militar. Según las autoridades, los hechos habrían ocurrido principalmente entre 2002 y 2008, cuando gobernaba el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, quien rechaza cualquier vínculo con esa situación.
Aunque decenas de uniformados se encuentran en la cárcel por esa práctica, HRW reclama que los castigos han recaído únicamente en soldados y mandos bajos y no de quienes habrían entregado las órdenes.
“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, resaltó el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco.
Con Medios digitales, AFP y reporte de HRW
