Según datos, la deuda con otros entes, supera los $11 millones.
La sesión especial se llevó adelante el pasado lunes y contó con la presencia de todos los ediles. También estuvo el presidente de la COOPABIL, Hernán Olivera, quien brindó un detallado informe sobre la entidad, en el cual admitió que “la cooperativa está quebrada y podrían rematar bienes”, en caso de que prospere un presunto pedido de embargo.
A través de un escrito, se supo que el titular de la entidad, mencionó: “Tomamos la administración el pasado 7 de diciembre, la cual encontramos destruida en los servicios de agua en los barrios”.
Ante este panorama, señaló que se hizo la presentación formal ante el cuerpo deliberante de cómo se encuentra la entidad. “Hay muchas deudas y la situación es muy difícil de lidiar”, sentenció.
Según esbozó Olivera, “la deuda con EMSA llega a un monto estimativo de siete millones de pesos y, cada día suma más los intereses que la deuda capital”.
Apuntó que, a través del decreto 830, “la Provincia se hace cargo de pagar los servicios que la cooperativa brinda a las entidades del Estado, entre ellas las escuelas”.
En tanto, consideró que “los abonos están retrasados y la deuda suma unos dos millones de pesos. Si nos pagan lo adeudado, por lo menos podemos afrontar el juicio, y tratar de desbloquear el remate”.
Por otro lado, Olivera puntualizó que “se debe carga social, aporte e IVA por un monto que ronda los 4 millones de pesos”. Por el momento, la entidad mantendría un convenio de pago con la AFIP, ya que necesitaba que se desbloquee el sistema de facturación que se encontraba anulado.
En el escrito, también subrayó que “unos 800 usuarios pagan el servicio es decir, que la cooperativa brinda agua a miles de personas de forma gratis. Hay facturas emitidas e incobrables. Hay liquidaciones de deudas que ascienden a los seis millones de pesos”.
Uno de los puntos que llamó la atención a los vecinos sobre el particular pedido de auxilio es que, el actual titular, fue el vicepresidente de la gestión anterior. Además, recordaron que las autoridades del ente siguen sin rendir los balances.
El juicio data de 2005
Olivera manifestó que tomaron la decisión de “pedir ayuda al Concejo” después de conocer un “edicto”, el cual reza que se va a rematar el sistema de bombeo.
Dicha instancia judicial se activó, luego de una solicitud de un abogado, que desea cobrar sus honorarios. “Necesitamos ayuda porque van a rematar y nos vamos a quedar sin nada”, remató Olivera.
