La intensidad en la lucha contra el narcotráfico, la multiplicación de los decomisos de grandes cargas, el desbaratamiento de kioscos dedicados a la comercialización de estupefacientes, además del incremento en los delitos federales agudizó la problemática de la superpoblación de las unidades penales; en la provincia, por ejemplo, sólo el Juzgado de Ejecución Penal Federal de Posadas tiene 296 personas detenidas y condenadas por tráfico de drogas, cifra que supera la capacidad de alojamiento de la única Unidad Penal Federal instalada en Misiones, capaz de albergar a 207 internos.
Esto se traduce en que, si bien la Ley de Ejecución de las Penas privativas de libertad 24.660 deja en claro que los procesados y condenados federales deben estar bajo vigilancia del Servicio Penitenciario Federal, en la realidad de los hechos se los ubica en diferentes establecimientos que no siempre cumplen con condiciones edilicias necesarias para un adecuado tratamiento penitenciario y con personal que los custodia poco capacitado para cumplir esa función; con el agravante de que un interno que está en una comisaría o un escuadrón de Gendarmería no siempre puede acceder a los beneficios previstos en esta norma, posibilidad de estudiar, trabajar, lugares de recreación y demás, lo que trae aparejada gran desigualdad de oportunidades dentro de régimen penitenciario.
En este contexto, el secretario del Juzgado de Ejecución Penal Federal de Posadas y coordinador de la Diplomatura en Ejecución Penal y Cuestiones Penitenciarias de la Universidad de San Isidro, Alejandro Foley, confió a PRIMERA EDICIÓN que la falta de construcción de Unidades Penales, junto a las últimas modificaciones legislativas vinculadas al clamor social de una mayor rigurosidad de las penas y del control de los reclusos, conjuntamente con el incesante incremento en los delitos, generó un abarrotamiento en los lugares de alojamiento típicos.
Actualmente la Unidad Penal 17 de Candelaria es la única Colonia Penal Federal en la provincia, con una población estable de 207 internos, mientras desde el juzgado se está trabajando con una población carcelaria total nacional de alrededor de 550 internos”, describió.
E hizo hincapié en que, “en todos los casos se trata de priorizar la resocialización, tratando de buscar el acercamiento familiar y la paulatina socialización, la incorporación de la persona en conflicto con la ley penal a la sociedad es la prioridad, pero cuando no acompaña la logística y la capacidad operativa se hace muy difícil que uno pueda cumplir con los mandatos legales, muy vanguardistas en algún sentido, pero que en la práctica aún no se logran”.
Asimismo, apuntó que “el régimen federal prevé otra realidad en relación a las personas condenadas por delitos comunes u ordinarios, las condiciones de alojamiento son distintas y la accesibilidad a los medios por los cuales uno puede lograr una resocialización es diferente, el interno tiene la posibilidad de acceder a un trabajo, a una remuneración acorde a los niveles de un salario mínimo, puede generar a través de su comportamiento y conducta avances para progresar dentro de ese régimen penitenciario e ir logrando de a poco la reinserción y paulatinamente la libertad ambulatoria”.
Obviamente mucho de todo esto dependerá de la capacitación de quienes estén a cargo de las distintas etapas por las que debe pasar un condenado.
“En los últimos tiempos hubo reformas legislativas que fueron cambiando radicalmente los puntos de vista y hoy estamos en una etapa de transición en la cual es importante que los operadores del sistema, tanto judiciales como penitenciarios, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, organismos de prevención contra la tortura, organizaciones intermedias y organizaciones post penitenciarias estén capacitados para hacer frente a las posibles situaciones que puedan presentarse”, sostuvo.
De allí que desde la Diplomatura en Ejecución Penal y Cuestiones Penitenciarias “se intenta dar una visión humanitaria de la cárcel teniendo en cuenta que se trata de seres humanos en conflicto con la ley penal”, sostuvo Foley y añadió que “se brindan las herramientas para aplicar los distintos institutos que prevé el sistema, tanto los reglamentos penitenciarios como la ley de ejecución penal; buscamos también que los alumnos logren interpretar la privación de la libertad a la luz de los tratados en materia de derechos humanos e instrumentos internacionales en materia de prisiones. Se procura que consiga relacionar, con una interpretación crítica, las previsiones legales vigentes en la legislación nacional conjuntamente con los estándares en condiciones de alojamiento y reglamentaciones penitenciarias alcanzados en la jurisprudencia interamericana y en los distintos instrumentos de protección y regulación de derechos”.
“La coyuntura regional hizo que la cantidad de detenidos se incremente de manera exponencial, eso demanda que tengamos que capacitarnos de manera de optimizar las herramientas que otorga el sistema actual para brindar así un eficaz y eficiente servicio de justicia, que en definitiva es lo que buscamos los operadores judiciales”, reconoció.
Finalmente remarcó que “la diplomatura está apuntada a todo aquel que tenga intervención, ya sea penitenciaria como post penitenciaria, con personas en conflicto con la ley penal, desde integrantes de organismos intermedios, personal del servicio penitenciario, tanto provincial como federal, pues busca optimizar la implementación de las últimas modificaciones reglamentarias, que tiene a su vez una visión moderna de lo que significa el detenido y su necesidad de lograr la reinserción social, más teniendo en cuenta que el sistema arroja resultados negativos en materia de reincidencias”.
