El intendente de Puerto Rico, Federico Neis figura en la lista de los 92 alcaldes y exalcaldes procesados por el juez federal Claudio Bonadio, ya que recibieron el dinero para el proyecto de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), pero no llevaron adelante la obra de gran envergadura para la cual se destinaron cerca de 3 millones de pesos. Por ello, ediles harán un pedido de informe al Ejecutivo por dicho tema, el cual sería tratado cuando arranquen las sesiones los primeros días de marzo.
Ante el procesamiento, el jefe comunal hizo su descargo vía comunicado y en su red social Facebook. Y no se descarta que en los próximos días convoque a una conferencia de prensa.
El proyecto para la concreción de la planta había sido aprobado en 2013. En ese momento, contaban con un espacio en el cual llevar adelante la obra, sin embargo luego quedó desestimado ese lugar y el Ejecutivo decidió buscar otro.
Fue en ese entonces cuando vecinos manifestaron su malestar por la instalación de la planta. Ante esto, el jefe comunal alegó en su descargo que dicha situación “llevó a que la ejecución del proyecto deba postergarse hasta en tanto pueda darse una solución al reclamo de los vecinos. Para ello, a fines del año 2016 se inició un estudio de impacto ambiental relacionado al proyecto, para evaluar el impacto potencial que tendría el mismo en la zona y en la comunidad”.
Además, en el escrito manifestó: “Rechazo rotundamente que haya habido malversación de fondos o corrupción, como se acusa, en la administración del Proyecto GIRSU en la ciudad de Puerto Rico”.
Ante el inminente procesamiento, dijo que “durante todos los años de gobierno, hice las cosas de la mejor manera posible. Con responsabilidad, honestidad y respeto a la comunidad que me eligió para este cargo, abierto al diálogo con todos los vecinos. Estoy seguro y tranquilo de que esto en corto tiempo, estará aclarado”.
El juez Bonadio investiga si los acusados cometieron un supuesto fraude contra la administración pública, el cual superaría los 600 millones de pesos. Según reconoció el magistrado, los funcionarios “requirieron importantes sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, pero sin que se haya dado cumplimiento”.
En el caso de Puerto Rico se le habría girado un total de 2.783.936,20 pesos para la obra que no se logró concretar en estos seis últimos años.
A través de su escrito, Neis además dijo que “el Proyecto GIRSU originalmente fue presentado y aprobado en el año 2013 para Puerto Rico. Dicho proyecto se financió con ANRs por un total de 2.783.936,20 pesos para la construcción de una planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)”.
Según su exposición los fondos fueron depositados en una cuenta corriente especial y dicho dinero no se puede colocar a plazo fijo.
En tanto, apuntó que “del total presupuestado, existen dos ítems que fueron ejecutados, los cuales son: una pala frontal y una extrusora de plásticos. Estos equipos se adquirieron por un valor de 471.000 pesos. Los fondos restantes, menos el costo del mantenimiento de la cuenta 1.308,72 pesos, se encuentran en la cuenta donde fueron depositados, quedando al día de hoy un total de 2.311.627, 48 pesos”.
Postergación de la iniciativa
En cuanto a la postergación de la iniciativa, en su escrito alegó que “luego de varios vaivenes en cuanto a la necesidad de conseguir un terreno adecuado para el emplazamiento del proyecto, el municipio logró adquirir un predio de cuatro hectáreas ubicado a pocos kilómetros del predio original, el cual debido a su topografía no se consideró apto para su uso”.
Esta determinación “generó inquietud en los vecinos que residen en los alrededores del nuevo predio adquirido, lo que llevó a que presentaran notas formales en la que expresaban su malestar por la idea de emplazar una planta de reciclaje de residuos cercano a sus viviendas. Tras algunas reuniones, formales e informales con los concejales e integrantes del Poder Ejecutivo de la ciudad, los vecinos se manifestaron en contra del proyecto por considerarlo obsoleto y falto de análisis desde el punto de vista ambiental”.
Pedido de informe en el Concejo
En conversación con PRIMERA EDICIÓN, el vicepresidente del cuerpo deliberante, Hugo Wolfart dijo que “la idea es que se presente un pedido de informe al Ejecutivo”. Y recordó que “el año pasado ya se había hecho una solicitud similar, porque el intendente había sido citado por esta causa por el juez Bonadio, eso fue en agosto”.
Entonces, el alcalde había señalado que se había presentado y había respondido algunas preguntas ante el juez. “Queremos que el informe sea lo más detallado posible, porque con estos datos que se tiene como mínimo hay negligencia o desidia, lo cual atenta contra los intereses del municipio”, cerró.
