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Crimen del enfermero: el ADN complica al detenido

3 febrero, 2019

No fue un buen comienzo de año para el joven de 22 años apresado por el crimen del enfermero Raúl Roberto Aquino (57). En la noche del martes 8 de enero, tras poco más de un mes del asesinato y cuando parecía que el caso se moría en el tiempo, la Policía lo detuvo en su casa del barrio San Isidro. Y en las últimas horas, apenas iniciado febrero, los resultados del cotejo genético lo comprometieron seriamente. En dos meses, dos golpes.

Los exámenes de ADN se conocieron en las últimas horas y fueron contundentes. Indicaron que la sangre hallada en sus zapatillas era de la víctima. Y aún mucho peor para su futuro procesal. La pericia también estableció que los restos biológicos encontrados en el auto de Aquino, sustraído tras el homicidio y hallado abandonado horas después, son de él. Esas novedades, que PRIMERA EDICIÓN pudo confirmar mediante sus fuentes, lo incriminan seriamente.

Ante ese elemento de prueba, la investigación llevada adelante por el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, se encamina directamente sobre el estudiante, quien por el momento permanece imputado por “homicidio simple”. Si bien en su momento se abstuvo de declarar, ante las revelaciones científicas el acusado podría solicitar una ampliación de indagatoria.

EN SILENCIO. El trasfondo del crimen del enfermero ( Der.)  aún no está claro. El estudiante de 22 años permanece detenido.

Los exámenes de ADN fueron realizados en el Parque de la Salud de Posadas en tiempo récord: apenas 20 días atrás habían sido solicitados por Verón. En ese sentido, resultó clave el allanamiento a la vivienda del sospechoso, en el barrio San Isidro. Sucede que allí los efectivos de Homicidios de la Policía provincial secuestraron el par de zapatillas ensangrentado, que estaba oculto en el ropero del joven. Ni siquiera había sido lavado, por lo que se sospecha que permanecía allí guardado desde la misma madrugada del asesinato. También allí encontraron el teléfono celular que sería de la víctima.

La aprehensión del estudiante se produjo alrededor de las 22 del martes 8 de enero, después de la labor de seguimiento digital que Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) del Poder Judicial realizaron sobre el celular robado a Aquino.

Los investigadores creen que los 45 días que pasaron desde el homicidio hasta la aprehensión del joven jugaron a favor de la causa. Es que el muchacho aparentemente se sintió seguro tras el paso del tiempo y nunca imaginó que era seguido prácticamente desde la semana siguiente al hecho. Por ejemplo, tras desaparecer de las redes sociales durante casi 30 días, luego de la última Navidad comenzó a postear nuevamente en Instagram.

Aquino era enfermero y trabajaba para la Municipalidad posadeña. Fue encontrado sin vida alrededor de las 1.20 del sábado 24 de noviembre de 2018 en uno de los departamentos que alquilaba, sobre calle Chile al 2.600, a escasos metros de la avenida Corrientes y del Teatro Griego de la capital.

Fueron vecinos de la zona quienes llamaron a la Policía tras notar que el lugar se incendiaba. La autopsia estableció que Aquino fue golpeado contra diversos elementos contundentes y posteriormente amordazado con un trapo con el que se ahogó. Uno de los serenos de la calle Chile aseguró haber visto al homicida cuando escapaba en el Toyota. Ese vehículo fue encontrado abandonado al día siguiente en el barrio San Isidro, a pocas cuadras de la casa del detenido.

Las pericias establecieron que el autor, al igual que intentó hacer en el inquilinato, trató de incendiar el automóvil para borrar pruebas. Sin embargo, cometió un error grave para ese objetivo: prendió fuego la butaca trasera, cerró el Toyota por completo, arrojó las llaves entre malezas y escapó. Sin el ingreso de oxígeno al habitáculo, las llamas no tardaron en apagarse. Y entonces todo quedó en evidencia.

Tags: #Judiciales#PosadasCrimen Raúl Roberto Aquino
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Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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