Los cuatro prefecturianos detenidos en septiembre último bajo sospechas de desviar mercadería de contrabando secuestrada en la Prefectura de Puerto Iguazú quedaron formalmente sujetos a la causa penal que sigue la Justicia Federal, tras recibir en las últimas horas el auto de procesamiento.
La resolución, adoptada por el magistrado Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado y al frente de la investigación, se apoya en los elementos de prueba recolectados en el expediente, los que permiten suponer que sobre los cuatro sospechosos existirían elementos que acreditarían la responsabilidad en el episodio.
Tal como PRIMERA EDICIÓN informó en su momento, tanto los dos prefectos que en aquel momento estaban al frente de la Prefectura Iguazú, así como el oficial y el ayudante involucrados fueron procesados por los delitos de “asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado”. En tanto, sobre el ayudante también recayó una imputación formal por “fraude en perjuicio de la administración pública”.
Sólo el primero de esos delitos, el de “asociación ilícita”, prevé penas de entre 5 y 20 años de cárcel para quienes sean considerados responsables, al decir del artículo 210 bis del Código Penal Argentino, y que conformen tal organización delictiva siendo parte de una fuerza de seguridad.
No obstante, más allá de esa expectativa de pena, lo cierto es que los cuatro uniformados fueron liberados ya el año pasado, tras sendos pedidos de excarcelación de sus defensores. A través de diferentes documentos, los efectivos lograron certificar arraigo y garantizar que se someterán a la Justicia. Justamente por ello es que el juez federal Guerrero les impuso una serie de restricciones, entre las cuales figura la obligatoriedad de presentarse todos los meses en sede judicial para confirmar que se encuentran a derecho.
Los cuatro prefecturianos fueron detenidos el jueves 13 de septiembre de 2018, tras una investigación de varias semanas llevada adelante por Guerrero y por miembros de la propia Prefectura Naval Argentina.
Esa pesquisa se inició cuando un “pasero” al que le habían secuestrado un importante cargamento de mercadería sin aval aduanero en el puente que une Iguazú con la brasilera Foz se presentó en la Prefectura Iguazú para pagar el canon correspondiente y retirar dichos productos.
La reacción de los prefecturianos fue inesperada. Nadie sabía dónde estaban y qué había pasado con esos electrónicos. El pasero radicó la correspondiente denuncia y aquello motivó la investigación.
Así fue que, de manera provisoria, se logró establecer un faltante cercano a los 4 millones de pesos de los depósitos de la fuerza federal. Y también comenzaron a surgir hipótesis sobre la modalidad del desvío: se supone que los prefecturianos registraban la mercadería incautada como productos de menor valor, intentando así burlar los controles internos, extraer los mismos e incorporarlos al circuito negro de compra y venta de la Triple Frontera.
