Un fiscal federal recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en queja por contra la nulidad y archivo de la causa denominada “Escuchas ilegales”, que tiene a funcionarios judiciales y efectivos de la Policía provincial como imputados, como también al exjefe de la Policía Metropolitana por utilizar recursos de la Secretaría de Inteligencia de la Nación para intervenir teléfonos.
La presentación se formalizó durante las últimas horas ante la Corte, luego que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario interpuesto oportunamente por el Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía General 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, está a cargo de Javier De Luca, quien interpuso la queja y solicitó que se revoque la resolución de Casación Penal, que en octubre pasado anuló la causa y solicitó se archiven las actuaciones en lo referido al delito de “interceptación indebida de telecomunicaciones”, por el que está acusado Jorge Alberto Palacios, exjefe de la Policía Metropolitana durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El expediente apunta a la existencia de una organización integrada por funcionarios públicos del Poder Judicial y la Policía de Misiones, Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, David Santiago Amaral, Rubén Alberto Quintana, Antonio César Fernández, los exjueces de Instrucción Penal, José Luis Rey y Horacio Enrique Gallardo (fallecido), y la secretaria judicial Mónica Elizabeth González.
Como eslabones centrales de la presunta asociación ilícita figuran el exespía Ciro Gerardo James, el jefe de la Metropolitana, Jorge Alberto Palacios y el exministro de Educación de CABA, Mariano Narodowski.
Se los investigó por denuncias que señalaron que, por medio de la utilización de los recursos de la Secretaría de Inteligencia de la Nación, intervinieron comunicaciones telefónicas desde Misiones a distintas personas desde octubre 2007 a septiembre 2009. Según De Luca, “las intervenciones, salvo algunas excepciones, estaban motivadas en cuestiones de índole política”.
El expediente se inició el 22 de septiembre de 2009 y se identificaron como víctimas a Sergio Leonardo Burstein, Néstor Daniel Leonardo (fallecido), Rodrigo Blas Velazco, Carlos Ávila, Daniela Rocca, Federico Carlos Infante, Jorge Enrique Navarro Castex, Francisco Castex, Susana Beatriz Saint Porres, Diego Natalio Molaro y Rodrigo Blas Velazco.
En una segunda imputación a “Fino” Palacios por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, se registraron “pinchaduras” de teléfonos a Gonzalo Roberto Ruanova, Diana Helena Maffia, Silvia Paola La Ruffa y Patricio Datarmini, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.
De Luca y el Tribunal Oral Federal 5 ya habían rechazado el pedido de la defensa del exjefe de la Policía Metropolitana de “extinción de la acción penal por prescripción de su defendido”. Pero en octubre de 2018, la Cámara Federal de Casación Penal declaró la nulidad de la instrucción de la resonante causa y archivó las actuaciones en lo referido al delito de “interceptación indebida de telecomunicaciones” que se le imputó a Palacios.
Frente a ello, De Luca interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema donde destacó que la resolución impugnada “no constituye un acto jurisdiccional válido porque declaró la nulidad de una gran parte de las actuaciones que no eran materia de recurso y porque, además, en ese cometido lo hizo de manera infundada. Circunscribió su análisis al del procedimiento previsto para una de las posibles calificaciones legales sin hacer referencia a los hechos objeto de imputación”.
