La plantación de maíz de más de un metro de altura es lo único que quedó en pie en las tierras que hasta el martes ocupaba la comunidad guaraní Takua Poty de Fracrán.
De un día para otro, se desmontaron las casitas, la escuelita que les ayudó a construir la ONG Palabras del Alma, las viviendas y hasta el Opy (templo). Todo fue a parar a un camión al igual que las 15 familias que vivían allí.Todos fueron transportados por el mismo camión y la camioneta del hombre que tiene el título de propiedad de esas tierras, oriundo de Pinamar.
El propietario de la reserva natural privada Yaguarundí, Martín González, señaló que no hubo forcejeos, ni empujones, ni amenazas explícitas hacia los guaraníes que aceptaron resignados, pero muy tristes, dejar lo poco que tenían para no tener problemas.
Según contó González a PRIMERA EDICIÓN, “la comunidad tenía un acta del Ministerio de Ecología en el que comprobaba que estaban asentados desde 2007 en estas tierras, mientras que este señor, Guillermo Connell, habría comprado las tierras hace un año y no sabemos si las escrituró”. “Esta es una situación de desamparo total, nos angustia pensar cómo la pasaron, esa noche que fueron desalojados llovió durante horas y esas familias, entre los que hay unos 20 niños, ni siquiera tenían un techo donde dormir en el lugar donde los llevaron”.
Según pudo confirmar este diario, las familias fueron llevadas a menos de 50 kilómetros de allí, muy cerca de otra comunidad, donde Connell les prometió que les ayudaría a volver a construir sus viviendas, el Opy, una escuelita y a plantar.
“Este es un conflicto entre privados”
Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Lilian Marchesini, aseguró que “Martín González no es un testigo de lo sucedido como dice, porque él y Guillermo Connell forman parte de un conflicto en el que se disputan estas tierras. Este es un conflicto de blancos en el que quedaron involucradas estas familias guaraníes”, indicó la funcionaria.
Según precisó, González adquirió 400 hectáreas en 1997 e hizo un trámite ante Ecología para que sea declarada área protegida, por lo que en 2011 se constituye en reserva privada, una de las ocho que tiene la provincia.
“Pero ante una situación personal, González le pidió a Connell, que era su amigo, que él le comprara la mitad de las hectáreas. Una vez que se produce esta compra, comienzan a generarse denuncias desde González hacia Connell sobre diferentes causas. En el medio de esto aparece un acta de Ecología, con fecha de 2007, del que nosotros ni el Ministerio de Ecología no tenemos el original, que está firmada por González, un guardaparques y quien se presenta en aquel momento como cacique, Ignacio Benítez, en la que se da unas coordenadas donde habitan cuatro familias mbya de las que Benítez se presenta como cacique y se autodenominan Takua Poty. Esta fotocopia del acta fue certificada en un Juzgado de Paz y González comenzó a usarla contra Connell”. Desde entonces, añadió, “ambos presentaron numerosas denuncias”.
Nuevo inicio
Para la ministra, el cacique de Takua Poty, Francisco Giménez, “se convirtió en cacique en 2017 y pese a los papeles que presentó ante Derechos Humanos, reconoció que la comunidad existe desde 2015, contradiciendo el acta. No obstante, en octubre del año pasado, el cacique presentó un pedido para que esa comunidad esté incluida en el relevamiento territorial y en paralelo presentó este acta de constatación de 2007, dio fe de su veracidad y manifestó que Connell los quería sacar de su territorio”.
Según indicó Marchesini, “el traslado o mudanza de las familias de la comunidad Takua Poty, por decirlo de alguna manera”, producido este martes, se realizó antes que se hiciera el relevamiento territorial en esa aldea. “El equipo de coordinación y relevamiento territorial se dirigió este miércoles al lugar y constató que ya no hay nadie en la comunidad, hablaron con Connell y con González, ambos reconocieron que tienen un conflicto por las tierras y Connell manifestó que acordó con el cacique el traslado de la comunidad a otro lugar. Esa misma noche ubicamos a la comunidad y hablamos con el cacique quien confirmó que fue de mutuo acuerdo y que Connell les está ayudando a rearmar su comunidad”.
Marchesini admitió que no saben aún si el nuevo lugar donde se asentaron es de la Provincia o propiedad privada. Remarcó que Derechos Humanos se ocupará de verificar que Connell “después de hacer el traslado de estas familias, que no nos parece nada bueno, se ocupe ahora de acompañar a la comunidad a volver a construir su sustento vital, desde la plantación hasta el Opy y las viviendas”.
Para la funcionaria, el hecho que estas familias hayan quedado sin sus casas y sus tierras “no necesariamente los hace perdedores, hay que ver cómo evolucionan en su nuevo espacio, donde espero que podamos tener la tierra legalmente tramitada, con el relevamiento hecho y ellos constituidos como persona jurídica, cosa que hasta ahora no lo habían logrado”.
