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Rechazo al proyecto del Gobierno de “privatizar” los Parques Nacionales

17 noviembre, 2018
DENUNCIA. Desde Fundación Amigos alertaron que el objetivo final es vender parcelas del Parque Iguazú.

En principio, el Gobierno nacional planea empezar con la Administración de Parques Nacionales (APN), pero la idea es que se incorporen áreas naturales protegidas, tanto provinciales como privadas.

En el proyecto está incluido el Parque Iguazú, que según detalla la Nación en el programa “destino únicos para inversiones”: es “el área protegida de mayor biodiversidad del país, una experiencia única e inolvidable en la tierra de los grandes ríos, donde emocionan las maravillosas Cataratas, los sonidos y aromas de la selva”.

La idea cuenta con la intervención de las Secretaría de Turismo y de Medio Ambiente, porque “debe tener un equilibrio entre visitas, desarrollo de economías locales y sustentabilidad de los proyectos”. Incluso, la Nación reveló sus verdaderas intenciones a los funcionarios provinciales en la reunión, en conjunto, del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Consejo Federal de Medioambiente (Cofema). Allí las autoridades nacionales explicaron que la tipología de inversión es muy reducida y con estrictos estándares de construcción sustentable.

En ese encuentro, la Nación aseguró que ningún emprendimiento afectará “lo que ha sido el espíritu de la administración de parques, que tiene que ver con la conservación”, según comentó una fuente de APN, quien agregó que “son ideas de emprendimientos chicos, amigables con el entorno, desde la arquitectura hasta los materiales que se utilicen y son todas en áreas que ya tienen uso público. No se construirá ninguno en áreas donde no se reciban visitas. Ya tiene el visto bueno del área de conservación de parques”.

El ministro de Ecología provincial, Juan Manuel Díaz, comentó ayer a este Diario que “no tenemos más información general al respecto, no se presentó un proyecto concreto sino más bien un programa para inversiones en Parques Nacionales, de autoridades nacionales”. Díaz apuntó que “si hay un proyecto en concreto (por parte de la Nación) tendrán que cumplir con la Ley 25.675 y 26.331, presentando un estudio de impacto ambiental y social”.

Rotundo rechazo

Esta polémica decisión nacional alertó a los ecologistas misioneros, quienes, ante la consulta de PRIMERA EDICIÓN, advirtieron que “defenderán las áreas naturales hasta las últimas consecuencias”.

La agrupación Capuera tendrá una reunión, tras la cual, se expedirán sobre el polémico proyecto, pero algunos de sus referentes ya adelantaron el rotundo rechazo a la iniciativa nacional.

Una de sus integrantes, Cristina Besold, indicó a PRIMERA EDICIÓN que “cuanto más prístino y más conservado estén nuestros bienes naturales, más valor adquieren a nivel local e internacional, por lo tanto generar una herida más a la Selva Paranaense es contraproducente”. “Y en Misiones, el concepto que tenemos que incorporar funcionarios y ciudadanos, es el de recuperar la selva. Tanto en concepto como en acción”, afirmó.

Besold remarcó que “pasamos de ser una provincia de vanguardia con el primer y único Ministerio de Ecología y una red de áreas protegidas a una que hoy, tristemente, se destaca por permitir la fractura del Corredor Verde, lo último que quedaba de Selva Paranaense en bloque continuo en el mundo, con todo lo que eso representa para el turismo, el agua, la biodiversidad”. “Entonces, los misioneros necesitamos señales claras de defensa y recuperación de los bienes naturales. Y que cuando existan proyectos como éste, se nos informe y seamos nosotros quienes decidamos. Necesitamos contar con la información precisa y a tiempo, sobre proyectos que afecten a nuestros bienes”, cerró.

El guardaparque Diego Ciarmiello, también parte de Capuera pero a su vez integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comentó que el rumor venía corriendo entre los trabajadores del Parque y que el avance de la Nación, se decidió incluir un punto en el temario del plenario provincial que realizará el gremio la semana que viene.

“Nosotros cuestionamos las políticas nacionales del Gobierno en relación a los Parques Nacionales, en su búsqueda de inversiones y desarrollo nos preocupa mucho”, comentó el dirigente de ATE. Ciarmiello señaló que “los sindicatos del ámbito de Parques ya empezamos a alertarnos sobre la posibilidad de que se resten tierras para empezar emprendimientos turísticos. Es decir, la preoucupación es más fuerte porque hay una mirada sobre el desarrollo de los parques que es muy distinta al deseo de quienes estamos en el área ambiental”. “Todo desarrollo turístico debe estar en parte externa del Parque no dentro, para que no suceda lo que hoy en día sucede en área Cataratas donde los monos y coatíes tiene una conducta difícil de resolver. Los hoteles deben estar fuera de los parques nacionales, ser vecinos pero no dentro”, cerró.

En este sentido, el titular de Amigos de los Parques, José Barrios, dijo que “como Fundación defensora del medio ambiente nos parece que es algo que va en contra de lo que tanto cuidamos. Es una barbaridad, no podemos permitir esto. Cuando se va llenando de infraestructura un lugar tan sensible como es el Parque Nacional Cataratas, empezamos a perder la belleza de a poco”. “Esa villa turística se va a ir armando en Cataratas y qué queda para Iguazú, que está necesitando inversiones”, se preguntó.

Barrios amenazó que “sí hay que ir a cerrar el Parque lo vamos a hacer. No vamos a permitir que sigan postergando a la ciudad. Todo emprendimiento trae cuestiones privadas e Iguazú sigue perdiendo muchas cosas”.
Para el ambientalista, si esto se concreta, la ciudad se convertirá en “la villa misera de las Cataratas”. Y fundamentó: “hay personal de Parques que no sabía de este proyecto y que, incluso, no está de acuerdo con esta inversión. No podemos dejar que se lleven al turista, directamente, del aeropuerto a las Cataratas. Nos extraña que Parques Nacionales no tenga en cuenta a la ciudad, donde hay muchos lugares para hacer grandes cosas sin perjudicar el medio ambiente”.

A medida de la preferida de Macri

Una fuente proveniente de Parques Nacionales estimó que sería diseñado a medida de un empresario favorito del presidente Mauricio Macri. El mismo que ya tendría un emprendimiento hotelero en Iguazú y que pretendería extenderse. Es un hotel de lujo, ubicado en las 600 hectáreas y que no tiene ningún contacto con la ciudad y que incluso, el personal debería firmar un contrato de fidelidad.

Awasi tiene alrededor de 15 emprendimientos en todo el país. Es un empresa de las favoritas del Presidente y, cada vez que viaja a alguna ciudad donde esta cadena tiene un hotel, Macri decide hospedarse en estos lujosos emprendimientos.

El programa tiene como objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales. Las propuestas deberán cumplir con los puntos de bases y condiciones y un concurso publico que se va a realizar. Según la Nacional, todo tiene una burocracia con pasos ordenados, abiertos, transparentes.

Tags: CataratasIguazúParque Iguazú
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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