Por una ajustada mayoría de trece votos a favor y diez en contra, el Concejo instó al gobierno de Santa Fe a que remueva los crucifijos y cualquier otro tipo de simbología religiosa del ámbito de la educación y la salud pública, con el objetivo de dar “cumplimiento de los principios de libertad religiosa y conciencia” y “reforzar el carácter laico de la ciudad”.
La iniciativa fue impulsada por el Frente Social y Popular a través de la edil Celeste Lepratti, hermana de Claudio “Pocho” Lepratti, asesinado el 19 de diciembre de 2001 por las balas de la Policía cuando intercedió para proteger a un grupo chicos en un comedor popular.
Según la edil, el proyecto busca remover la simbología religiosa de las escuelas y hospitales públicos porque afecta la libertad de culto y podría ser discriminatorio.
Las imágenes religiosas en las escuelas y hospitales públicos no contemplan la diversidad de las religiones del país, tampoco respetan a quien no profesa ninguna. Apoyamos los derechos de profesar cualquier culto, pero el Estado no puede promover ningún credo en particular, cuando generalmente está promoviendo a la Iglesia católica”, afirmó Lepratti en diálogo con Infobae.
El proyecto tuvo varias modificaciones durante su tratamiento y fija algunas excepciones. El retiro de las imágenes afecta a los espacios comunes de las escuelas y hospitales públicos, mientras que deja en pie aquellos símbolos que tengan un valor arquitectónico o artístico, como esculturas y obras plásticas. Tampoco alcanza a las capillas u oratorios característicos de los centros de salud.
A diferencia de otras iniciativas, el proyecto avanzó rápidamente en tan solo tres semanas. A nivel provincial, uno de los antecedentes fue en 2010, cuando la diputada Alicia Gutiérrez presentó un proyecto en la Legislatura que naufragó sin ser tratado en el recinto. En lo jurídico, el planteo habitual que se utiliza para rechazar los proyectos laicistas es el artículo 2 de la Constitución Nacional, que apunta al “sostenimiento del culto católico”.
Esta vez, al igual que en el debate por la legalización del aborto en el Congreso, el proyecto encontró una cerrada resistencia en el Concejo, donde se opusieron los integrantes del bloque de Cambiemos, el edil Osvaldo Miatello (Compromiso por Rosario) y la bancada del Partido Demócrata Progresista.
“Se escuchó de uno de los concejales que nuestro proyecto se trataba de un ataque a la Iglesia católica, cuando está muy lejos de serlo”, señaló Lepratti. “Estamos hablando de que el Estado debe garantizar todos los derechos y libertades religiosas, desde la laicidad”, completó.
La resolución del parlamento rosarino se enmarca en un reclamo histórico de los sectores laicos y de izquierda, que abogan por una “separación” definitiva entre la Iglesia y el Estado. El movimiento de mujeres y los colectivos feministas reactivaron esa demanda tras el conflicto por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que incluyó hasta campañas públicas de apostasía colectiva.
El propio Gobierno nacional se sirvió de esta corriente de opinión para poner en discusión los fondos públicos destinados a los sueldos de los obispos, en medio de la tensión con el Vaticano por los vínculos de la Iglesia católica con sectores de la oposición.
Lo cierto es que la discusión en torno a la laicidad del Estado está en agenda desde fines del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas de Salta.
“La iniciativa forma parte de un deseo para aportar en este largo camino, ojalá pueda ser replicada en otros ámbitos y lugares. Hay una gran parte de la sociedad que lo reclama. No se trata de un tema menor porque la Iglesia sigue incidiendo en las decisiones gubernamentales. En la provincia de Santa Fe aún no tenemos una ley de educación sexual integral porque un sector de la Iglesia católica lo impide”, concluyó la concejal.
Fuente: infobae.com
