Correa, que niega los señalamientos y sigue en libertad a pesar de que afronta desde julio una orden de prisión preventiva, solo podrá ser enjuiciado si es capturado o si se presenta ante el tribunal, pues la ley impide su juzgamiento en ausencia por ese delito, castigado con hasta siete años de cárcel.
Correa, que presidió el país por una década y vive junto a su familia desde hace un año en Bélgica, de donde es originaria su esposa, niega haber participado en el hecho y tilda de “farsa” la acusación.
El llamado a juicio, que incluye también a dos ex agentes que están detenidos y a Pablo Romero, ex jefe de la secretaría (ministerio) de Inteligencia que se encuentra en España, fue anunciado por la jueza Daniella Camacho, a cargo de una sala penal de la suprema Corte, con sede en Quito.
Los cuatro procesados fueron responsabilizados por el secuestro del dirigente opositor Fernando Balda, raptado en Bogotá en 2012 y llevado por la fuerza a Ecuador para que cumpliera una condena a dos años de prisión por injurias a un dirigente oficialista, que le fue impuesta en ausencia.
Balda militaba en la Alianza País, el partido de Correa, y se desempeñó como asesor del directorio del Banco de Fomento durante los primeros meses de su gobierno, pero en 2008 abandonó esa formación acusando al entonces mandatario de incumplir promesas efectuadas durante la campaña electoral.
La justicia mantiene además circular roja de Interpol con fines de extradición para Romero y Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, y considera que es víctima de una persecución política del oficialista Lenín Moreno, su sucesor y exaliado.
Debido a que Correa y Romero están prófugos, la magistrada ordenó la suspensión de la etapa de juicio para ambos hasta que sean capturados o se presenten ante la autoridad.
“Yo no espero absolutamente nada de la justicia ecuatoriana”, declaró el ex gobernante a la cadena Telesur minutos antes de que la jueza se pronunciara en una aplazada audiencia, que debía celebrarse originalmente el 23 de octubre. Y agregó: “Yo mismo me sorprendo de lo profundamente en paz y sereno que estoy conmigo mismo”.
El ex gobernante expresó que su nación “está totalmente fuera del Estado de derecho” y que su situación jurídica es para “evitar que Correa participe en política y, sobre todo, en la campaña” para la elección de autoridades provinciales y municipales de marzo próximo
.Un referéndum de febrero pasado, convocado por Moreno, eliminó la reelección indefinida promovida por el ex jefe de Estado, cerrándole la puerta para intentar volver al poder a partir de 2021.
En las afueras de la Corte, que permanece resguardada por policías, varias decenas de personas se concentraron para expresar su respaldo a Correa y lanzar gritos contra Moreno, sin que las autoridades hayan reportado incidentes.
Fuente:AFP-NA
