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Anulan la nacionalidad a Kassab, yerbatero vinculado al clossismo

22 octubre, 2018
INAUGURACIÓN DE SECADERO. De izquierda a derecha aparecen Beck, Kassab, Closs y Syniuk, en marzo de 2018, en un acto oficial.

El juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, anuló el jueves 18 de octubre pasado la carta de nacionalidad que le había otorgado en 2017 a Omar Kassab, dedicado a la actividad yerbatera en esta localidad, y muy vinculado al clossismo.

Se trata del propietario de la empresa Hoja Verde que, en marzo pasado junto al exgobernador Maurice Closs, el exsubsecretario de Legal y Técnica Marcelo Syniuk, el intendente Bruno Beck y el ministro del Agro, José Luis Garay inauguraron un secadero propiedad de Kassab.

Tan vinculado está al grupo íntimo del ahora senador que, el empresario yerbatero, contrató como su abogado y apoderado nada menos que a Marcelo Syniuk (polémico hombre fuerte de Closs en el poder, entre 2007 y 2015, que manejó de cerca cada decisión legal de su jefe y mentor).

En Andresito se preguntan cómo hizo Kassab para obtener, en tiempo récord, su nacionalidad argentina en cuatro meses. Es que, a cualquier persona, le lleva entre uno y dos años superar el proceso burocrático.

Kassab ahora perdió el estatus de nacionalidad argentina, debido a que tiene varias denuncias y un procesamiento en su contra. En la provincia de Buenos Aires, una de las causas (74.329/2003 con carátula “falsificación de documento público) se tramita ante el Juzgado de Instrucción 10. En Misiones afronta un juicio penal por presunta “falsedad ideológica”.

Cabe recordar que, para ser naturalizado en este país, no debe estar procesado. Y si lo está, debe obligatoriamente declararlo ante sede judicial.

Al momento de tramitar su nacionalidad, el empresario Kassab negó bajo declaración jurada tener causa o haber sufrido condena, hecho que se consideraría como un delito de “falsedad ideológica”.

Lo peor que le podría pasar al hombre vinculado al clossismo es que, al quitarle el estatus jurídico, pueda perder los derechos sobre las propiedades inmuebles y las inversiones que posee en el país, especialmente en Misiones.

Ahí es donde entran en juego muchos millones de pesos, chacras que habría adquirido para abastecer de yerba mate al secadero y la industria.
Basta recordar que, el secadero inaugurado en marzo, tiene una inversión de 4 millones de dólares. Ahí es donde, algunos creen, estaría la vinculación más fuerte con Syniuk y su jefe político Closs.

Causa reactivada tras una apelación

A pesar de lo explicado, la Justicia Federal con sede en Eldorado, procedió a otorgar la nacionalidad argentina, sin tener en cuenta la denuncia en contra de Kassab.

El 30 de junio de 2018, la Cámara Nacional Electoral requirió al fiscal Federal de Primera Instancia Nº 1 en lo Criminal y Correccional de Posadas, Jorge Horacio Campitelli, que se inicie el procedimiento de anulación de la ciudadanía refiriendo al eje de la denuncia contra Kassab.

“… habiendo sido denunciado que la nacionalidad tramitada por expediente FPO 8.520/2016 podría encontrarse viciada por hallarse el peticionante incurso en una causal de impedimento (estar procesado) y habiéndose acompañado -prima facie- pruebas presuntamente demostrativas de tal circunstancia, corresponde remitir las presentes actuaciones al Procurador Fiscal, a efectos que considere iniciar ante el Juzgado Federal con competencia electoral del distrito Misiones la acción de anulación de naturalización prevista en el artículo 15 del decreto 3213/84”, indicó en su dictamen.

Argumentó también que “se ha incurrido en una grave falta al otorgarse la judicatura al denunciado” y agrega que además “existieron otras causas judiciales que originaron procesos penales (…) que también han constituido antecedentes privativos de obtener la posibilidad de ser ciudadano naturalizado”.

Lo peor que le podría pasar al poderoso hombre vinculado al clossismo es que, al quitarle el estatus jurídico, corre el riesgo de perder los derechos sobre las propiedades inmuebles y las millonarias inversiones que posee en el país, especialmente en Misiones. Solamente en el secadero de yerba inaugurado recientemente, puso una inversión de cuatro millones de dólares.

Corrida vista a la fiscal federal de Eldorado, Lilian Delgado, la funcionaria expuso en el dictamen 424/2017 que “cabría considerar como falsedad ideológica la declaración jurada” efectuada por el sirio el 8 de noviembre de 2016 para obtener la ciudadanía. Este delito contempla a quién se lo encuentre culpable, una reclusión de uno a seis años.

La Fiscalía General a cargo de Rubén Ángel González Glaría en Misiones, ante esto, sugirió que “se suspenda el beneficio de la ciudadanía argentina al señor Omar Kassab”, se instruya a la Gendarmería a tomar el juego de fichas decadactilares, se solicite a la Secretaría de Inteligencia de la Nación los antecedentes del sirio y se lo cite a prestar declaración indagatoria.

Hace menos de un mes, la misma fiscal Delgado suscribió el dictamen 541/2018, “sosteniendo el criterio de mi superior, correspondiendo hacer lugar a la medida cautelar de suspensión del status de ciudadano argentino por naturalización otorgado al señor Omar Kassab”.

El último fallo

Ahora, el pasado jueves 18 de octubre, el fallo del juez eldoradense Osvaldo Guerrero remarcó que, al momento de tramitar su pedido de nacionalidad, “Kassab tenía cabal conocimiento” que estaba procesado en otra causa donde se presentó “con letrado patrocinante y tomó intervención, fijó su posición y requirió el sobreseimiento”, pretensión que le fue resuelta de modo favorable en primera instancia pero que, apelada por la parte querellante, fue revocada por la sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12 de febrero de 2016, lo cual dejó sin efecto el sobreseimiento y ordenó el procesamiento de Kassab.

EL FALLO CONTRA KASSAB El juez federal eldoradense, Osvaldo Guerrero dispuso el jueves suspender la ciudadanía argentina a Omar Kassab.

“A la fecha de promoción de la solicitud de Carta de Ciudadanía el 8 de noviembre de 2016, en efecto se encontraba procesado y con llamamiento a juicio oral, lo que se torna un hecho objetivamente comprobable, importando prima facie que hubo omisión u ocultamiento en su declaración jurada acerca de un hecho sobre el que fuera específicamente interrogado, habiendo respondido de manera falaz ante una circunstancia que habría resultado óbice para el trámite y obtención de la carta de ciudadanía argentina”, remarcó el nuevo fallo de Guerrero, esta vez por la nulidad de la nacionalidad para Kassab.

“Ante esta irregularidad en la tramitación y obtención de la ciudadanía, y en tanto se resuelva en definitiva en el expte. FPO 7.289/2018, verifico que existe mérito suficiente para disponer de manera cautelar la suspensión del ejercicio de la ciudadanía argentina”, remató el escrito del magistrado.

Otros antecedentes

El sirio Omar Kassab participó de otros hechos que levantaron polémica en Misiones.

Cabe recordar que fue denunciado por el Ministerio de Ecología de Misiones acusado del apeo ilegal de Palo Rosa y Palmitos en Andresito.
Ambas especies se encuentran legalmente protegidas por la legislación ambiental por encontrarse en peligro de extinción.

En el primer caso, el polémico Kassab que pretendió la argentinidad, estuvo en el centro de la polémica por el desmonte de una cinco hectáreas en Península con ambas especies.

En julio de 2016, el último caso que se convirtió en un verdadero escándalo, Ecología comprobó el apeo ilegal de 17 ejemplares de Palo Rosa y de 320 Palmitos siendo derribados, algunos de los ejemplares, tras 400 años de vida.

Tras el fallo judicial que ordenó la suspensión de la ciudadanía de Kassab, serían inminentes otras presentaciones con múltiples denuncias penales, por supuestas irregularidades en materia de apropiación de tierras, que habrían contado con la participación de varios funcionarios de distintos organismos.

Tags: #JudicialesEscándaloOmar Kassab
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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