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Pareja misionera al borde del juicio por cambiar la identidad de un niño

18 octubre, 2018
JUICIO EN CORTO PLAZO. La Justicia Federal podrá cumplimentar ahora el expediente y elevarlo a debate oral ante el Tribunal de la capital provincial.

Una pareja de misioneros, con residencia en la provincia de Buenos Aires, quedó prácticamente sin alternativas que le permitan evitar el juicio oral por anotar como hijo natural a un nene al que primero pretendieron adoptar de acuerdo a las normas legales.

El niño que hoy tiene seis años, nació el 27 de enero de 2012 en Dos de Mayo, pero su madre -que por entonces menor de edad- lo inscribió el 1 de febrero de 2012 con su apellido materno en el Registro Provincial de las Personas de la localidad mencionada.

Luego se supo que el embarazo de la adolescente no fue buscado sino producto de una violación.

La abuela materna trabajaba en la casa de una familia y allí le comentaron sus patrones que un matrimonio allegado querían adoptar un niño.

Así fue como iniciaron los trámites correspondientes. La progenitora junto a sus padres y el matrimonio fueron convocados a una primera audiencia en Tribunal de Familia el 21 de marzo del mismo año. La reunión era para explicar los pormenores del proceso de guarda y posterior adopción.

Pero la madre biológica y la abuela del niño cambiaron de intención y se negaron a entregar al bebé. El menor quedó, por orden de la Justicia quedó bajo la tutela de su abuela.

Imagen ilustrativa

Pero cuando las diferencias parecieron resueltas, la pareja con intenciones de adoptar habría optado por la acción ilegal y la Justicia supo más tarde que el niño no estaba al cuidado de su abuela, sino que se encontraba aún con el matrimonio en Pergamino, bajo pretexto de que estaba con un tratamiento médico específico por un problema de salud.

La familia biológica inició acciones legales el 10 de diciembre de 2012 en el Juzgado de Familia 1. Con el correr de la investigación, al matrimonio se lo imputó por los delitos de “supresión de identidad de un menor y falsificación de documento público”, previstos y reprimidos en los artículos 139 y 293 del Código Penal.

El hecho se agravó luego de la demora en la restitución del menor cuando el 24 de agosto de 2012 la pareja se presentó en el Registro Provincial de las Personas de Dos de Mayo e insertó datos falsos en el acta de nacimiento.

El sospechoso consiguió anotar como su hijo biológico al niño que pretendía adoptar.

En la declaración indagatoria, los acusados dijeron que lo hicieron por consejo de su abogada. Conforme avanzó la investigación, desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la elevación del caso a juicio.

Juicio a prueba

Las apelaciones posteriores de la defensa prolongaron el caso en la Justicia Federal, hasta llegar a una de las últimas chances a la Cámara Federal de Casación Penal para que analice el pedido de suspensión de juicio a prueba o probation que le fue rechazado. Hasta el viernes pasado, 12 de octubre, en que el juez de la Sala IV, Gustavo Hornos, actuando de modo unipersonal, resolvió rechazar el planteo.

“El caso reclama la actividad eficiente, objetiva y garantizadora de los derechos en juego por parte del sistema de justicia. Se exige una respuesta a la situación que califico como de extrema gravedad con el objeto de evitar la causación de daños irreparables a los derechos a la integridad psíquica, identidad y protección del niño involucrado”, remarcó Hornos.

Vale señalar que la Fiscalía, al momento de requerir la elevación de la causa a juicio, resaltó que “ninguna persona puede pretender invocar que realizar un reconocimiento de hijo con todo lo que ello conlleva, efectuar los trámites en el registro, frente a un funcionario público, y frente a terceros testigos respecto de un hijo que sabe que no es suyo, es un acto menor de poca importancia, aquí se ponen en juego derechos personalísimos fundamentales como la identidad de un menor (…) El derecho del niño a preservar su identidad es, en efecto, considerado como un derecho fundamental para el desarrollo del plan de vida que debe ser protegido de menoscabos ilícitos”.

De esta manera, el matrimonio quedó más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados y afrontar el debate oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

Tags: Supresión de identidad
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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