La deuda argentina crece a pasos agigantados, en una moneda que el Gobierno no controla: los dólares norteamericanos. Un reciente informe del Citi, firmado por el vicepresidente Fernando Jorge Díaz, contempla que el último salto del dólar (que llevó la divisa a la zona de más de $40) terminó de provocar una importante magnitud de la deuda pública respecto del PBI.
De acuerdo al Citi, del 52% de deuda sobre PBI que había a comienzos de este año, el porcentaje se seguirá elevando hasta alcanzar el 74% para el segundo trimestre del año que viene, para luego moderarse al 66% a fines de 2020.
Pero cada paso en la devaluación del peso, hace crecer negativamente la relación entre deuda y PBI. Por ejemplo, con un dólar a $50 (que no parece tan lejano hoy) la incidencia pasaría al 102%.
“La economía carece de un régimen monetario ya que los objetivos de inflación se volvieron irrelevantes. Por lo tanto, la economía está operando sin un ancla nominal. En este caso, la demanda de pesos podría ser más elevada y esto presionaría al tipo de cambio, golpeando a la inflación, lastimando el nivel de actividad, por ende generando un país menos atractivo para los capitales extranjeros”, indica el paper.
Desde hace bastante tiempo, los especialistas vienen observando que, el camino tomado por la actual administración del país, es un (¿inevitable?) default. Esto se pudo observar hace meses desde miles de kilómetros de distancia, en países con poder económico y político cuyos inversionistas toman las advertencias para poner o sacar el dinero de un territorio. Por eso llegaron varias “tormentas” pero nunca con lluvia de dólares de inversión.
Sin embargo, no hubo “alerta meteorológica” que lo hiciera visible ni al presidente Mauricio Macri ni a su equipo económico. Es mejor pensar que no pudieron a que no quisieron ver la crudeza de la crisis que se avecinaba y de la cual no conocimos aun sus peores consecuencias.
Por lo tanto, en casi tres años de mandato, en Cambiemos no tomaron las medidas justas para evitar entrar en un “callejón sin salida”.
Al contrario: profundizaron el endeudamiento creando incluso, en la gestión de Federico Sturzenegger, las Lebac (hoy se convertidas en Letes dolarizadas) que comprometen las disminuidas reservas del Banco Central, con tasas siderales.
Todo lo explicado a groso modo anteriormente, no podía menos que terminar en una corrida detrás de otra en materia cambiaria, que devaluó (hasta el viernes) en más del 100% al peso frente al dólar. Con un pedido de auxilio al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que observa claramente que Argentina no está en condiciones de cumplir sus compromisos. Y aplicó “manotazos de ahogado” afectando a los sectores privados (especialmente a los productivos) mediante la aplicación de más impuestos (curiosamente sin afectar a la minería).
El viernes se supo que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, puso en consideración del Presidente una de sus últimas ideas: aplicar Ganancias a las cooperativas y mutuales para ayudar a gobernadores con la quita de fondos nacionales.
Pero todas esas medidas no alcanzarán para poner un freno al sinuoso camino (aun cuando se piensan llevar las retenciones al 20%). Porque la Argentina necesita, por lo menos, 30 mil millones de dólares y una urgente refinanciación de la deuda a corto y mediano plazo, que le permita negociar con los acreedores, capitalizarse y generar recursos en moneda extranjera. Uno sin el otro es lo mismo que la nada.
Por eso, ante semejante impericia, el propio Mauricio Macri no encuentra ahora el GPS para recalcular el rumbo. Y, en otros casos como en el último intento de “refresh” del Gabinete, no encontró a entendidos en el mundo financiero dispuestos a hacerse cargo de un barco que navega demasiado cerca de impactar contra “un iceberg de intereses en dólares”.
Las dudas del Fondo
No es la primera vez que el FMI “acompaña” a un gobierno argentino, da señales de desembolsos para asistencia financiera y, luego, da marcha atrás. La última vez, a pesar del viaje que hicieron funcionarios con Dujovne a la cabeza, ocurrió este viernes cuando el Fondo suspendió la remisión de 3 mil millones de dólares. La falta de credibilidad, de medidas acertadas y de un plan de gestión complican al país.
La explicación que se conoció sobre el freno al depósito, estuvo fundamentada en que “primero hay que cerrar un nuevo acuerdo” con la Argentina porque muchas cosas han cambiado en poco tiempo (para mal). Algo que los argentinos sabemos muy bien.
Los conocedores del funcionamiento de este “tire y afloje” creen que no fue por efecto de la carta que el exsecretario de Comercio kirchnerista, Guillermo Moreno, envió a Christine Lagarde como presidente de la Comisión de Economía del PJ nacional, pidiendo la suspensión de los desembolsos.
Así, el Banco Central (que tiene más “papeles” que billetes verdes”), difícilmente pueda salir con fuerza esta semana a “frenar” a un dólar que terminó en un nuevo máximo histórico de $40,51 en promedio (en Posadas cotizó a $42 en las casas de cambio y a $40,70 en algunos bancos privados).
Las reservas del Banco Central quedaron a un paso de perforar la barrera de los 50 mil millones de dólares, al cerrar este viernes en 50.003 millones. De los cuales dispone sólo de 18 mil millones de dólares, sin contar los 30 mil millones que forman parte del pasivo remanente de las Lebac heredadas de Sterzenegger.
Y el martes, el Gobierno enfrentará un nuevo megavencimiento de Lebac, por un total de $408.000 millones en manos, mayormente, de entidades bancarias.
La novedad de este “supermartes” es que el BCRA no permitirá participar a los bancos sino para terceras personas y les canjeará 150 mil millones de pesos de liquidez por Notas del Banco Central (NOBAC) a 1 año de plazo y Letras de Liquidez (LELIQ). Mientras que Hacienda ofrecerá Letras del Tesoro en pesos. Y, de ser necesario, usarán reservas del Central para pagar. El Gobierno llamó a esta operación una “esterilización del BCRA”.
Habrá que preguntar a los ahorristas qué piensan que los bancos donde depositaron sus fondos cambien papeles por dinero para socorrer al Estado. Una película que este país ya vio hace 14 años.
Con ese panorama, difícilmente Argentina pueda avanzar en una “dolarización” o “convertibilidad” con el peso de la que tanto se habló esta semana, con una usina de rumores en los medios de comunicación estadounidenses.
Eso no significa que el gobierno de Donald Trump con otros países de Europa (enfocados en el G20) no estén pensando en “salvar” a la Argentina para evitar un derrumbe en las economías de Grecia, Turquía, Sudáfrica y hasta del Brasil.
¿A cambio de qué? Es una incógnita después que pidieron a Macri ajustar el sector público para evitar que todo el ajuste recaiga todo en los privados, lo cual no tuvo eco en Cambiemos.
El sector privado quedó jaqueado por la suba de impuestos, la falta de oportunidades de créditos y la inflación que desbordó cualquier capacidad de trabajo al no poder renovar insumos o mercaderías que se dispararon con el dólar (sin contar el fuerte aumento de los combustibles, luz y gas, entre otros).
Jubilaciones en peligro
En un país con un dólar más fuerte que el peso, el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES se maneja en pesos. Este Fondo está compuesto por títulos públicos, tenencias de plazos fijos, fondos comunes de inversión, valores de deuda emitidos en el marco de fideicomisos y cédulas hipotecarias, entre otros.
Esta semana se conoció el último informe Ejecutivo con una terrible noticia para los futuros jubilados del Sistema Integrado Previsional: perdió el 27,61% de su valor en dólares entre diciembre del 2017 y junio de 2018. ¡Son unos U$s 20 mil millones!
Otra muestra de la designación de funcionarios que desconocen el sistema financiero, como el titular de ANSES Emilio Basavilbaso, que muestran la falta de preparación en números negativos que afectarán a los actuales trabajadores que recibirán retiros miserables (en el mejor de los casos) si el manejo del Fondo de Sustentabilidad no se revierte.
El ajuste lo pagarán los trabajadores y los pobres
En este marco de quitarse en encima obligaciones (como los subsidios al transporte de pasajeros y a la tarifa social de energía) que tiene el Gobierno nacional pidiendo a las provincias hacerse cargo, está muy claro que desde enero los misioneros pasarán a pagar la tarifa más alta de colectivos; quienes consumían menos de 300 kv un 20 a 30% más de luz, costos que podrían incrementarse aun más si combustibles y dólar siguen en ascenso.
Mientras las provincias negocian todas las semanas con la Nación los recursos atrasados y el presupuesto 2019, el ajuste va camino a ser pagado por los trabajadores y los de menores ingresos que se “beneficiaban” con un costo menor del boleto y de la energía.
La inflación con maquillaje del 3,9% de agosto, marca claramente que este 2018 terminaría con el 45 al 50% de inflación en las condiciones actuales de la economía. Una cifra que podría elevarse más si las cosas se complican. Vale recordar que para septiembre, salvo que un lápiz ayude a las estadísticas oficiales, se espera un 5,5-6% de inflación.
