Tras la publicación de la convocatoria de acreedores, un “final anunciado” es el término que más se escuchó ayer entre los colonos de El Chatón y alrededores, aproximadamente a un mes de haberse percatado que decenas de cheques sin fondos que recibieron por parte de Juan Carlos Schmidt, resultaron rechazados. El empresario prometió en varios medios de comunicación que pagaría “a todos”, pero falló una vez más a quienes entregaron su yerba.
Los valores de Schmidt, más de 700 y por una cifra superior a los 16 millones de pesos, se dispersaron a lo largo y ancho de la provincia. Los casos más graves se registraron en Alem, San Vicente, Oberá y San Pedro cuyos testimonios fueron contados por PRIMERA EDICIÓN.
Cabe destacar que, según los vecinos, hasta la semana pasada seguían ingresando camiones con hoja verde en el secadero de Schmidt por lo cual llamó poderosamente la atención que el concurso preventivo se haga cuando no hay más materia prima para seguir trabajando. “Habría que ver cuánto tienen que ver los bancos y la AFIP”, deslizó uno de los damnificados cuando recibió la noticia.
Oportunamente, Schmidt aseguró que no pudo cubrir sus deudas con los productores porque los bancos no quisieron comprarle cheques a largo plazo que recibió por parte de los molineros en concepto de pago por la yerba canchada. En aquella oportunidad, en relación a esto, olvidó en sus explicaciones públicas que un cheque es -ante todo- una promesa de pago, que la cosecha de yerba se financia a través de una riesgosa cadena que utiliza el mecanismo de los documentos a largo plazo desde un sector al otro.
Además, enfatizó que “somos una empresa familiar. Trabajamos hace más de 25 años sin ningún cheque rebotado. Ahora nos pasa esto que es lamentable. La idea es no quedar debiendo nada a nadie, pero necesito tiempo para solucionar todo”. Sin embargo, pese a las deudas, continuó comprando materia prima y pagando en efectivo, sin saldar las comprometidas con quienes habían entregado primero.
Consultado respecto de esta maniobra, por lo menos dudosa, el empresario afirmó que seguir trabajando era la única forma de pagar a todos. Aunque para quienes depositaron su confianza y el trabajo de todo un año en él, les estaba todo más que claro: acumuló la mayor cantidad de bienes antes de pedir la convocatoria. “Es de manual”, fueron las palabras de Matías Njirjak, hijo de una de las productoras afectadas y uno de los primeros en hacer público el tema.
“Cuando a principios de agosto un grupo de damnificados comenzamos a movilizarnos, la respuesta de una buena parte de la sociedad fue ‘son buenos vecinos, ya van a pagar’. Hoy la realidad nos da la razón y muestra la verdadera cara de este hombre. Sus bienes están todos enajenados y el último tramo de la producción se habría facturado a través de otras firmas. Es la misma historia de siempre, mientras algunos colonos tienen que vivir de lo que plantan en la huerta, este señor mantendrá su nivel de vida y el año que viene el mismo secadero funcionará bajo otra razón social y los únicos que pagarán el costo son los productores primarios”, afirmó Njirjak.
Mientras los damnificados trataban de hacer entender que “estaba todo armado y que al final de la cosecha nadie cobraría nada”, se los tildó en muchos casos de “maleducados y calumniantes”. El mismo Schmidt dijo en diversos medios provinciales que era buena gente y llegó a pedir a sus acreedores “tener fe igual que él”.
Este no es un caso aislado que se da cada año resultando como únicos perjudicados los productores primarios, quienes se ven obligados a entregar la hoja verde por debajo del precio oficial y obteniendo como pagos, cheques diferidos en muchos casos a medio año como mínimo.
Otro de los damnificados, que por temor prefirió no dar su nombre, afirmó a PRIMERA EDICIÓN que “lo que siento hoy es mucha tristeza, pero sobre todo bronca, cuando salí a hablar hace un mes, tuve que soportar que en la calle me tilden de mala persona, cuando lo único que hacía era defender lo mío. Este señor salió por la televisión a decir que tuviéramos fe, que ya nos iba a pagar, yo me pregunto hasta cuándo vamos a seguir mezclando a Dios con los negocios”.
Esto echa por tierra toda esperanza de los colonos y deja en evidencia la falta de compromiso por parte del dueño del secadero. Y la falta de intervención de organismos oficiales (como el INYM, la DGR o el Ministerio del Agro provincial) que no llegaron hasta los productores para intentar mediar en una actividad regulada por el Estado y por las maniobras denunciadas.
