Igual que en la década del kirchnerismo, el Gobierno de Cambiemos decidió no continuar con la obra del Gasoducto del NEA, dejando a los misioneros y correntinos sin gas natural por redes.
La decisión fue tomada por el ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, y fue informada por el diario Clarín.
Se presume que el recorte de la obra está relacionado con el feroz ajuste que está instrumentando Cambiemos para el año próximo, detrás de lograr la meta de reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas, en el marco de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y los préstamos que recibió Argentina de este organismo.
La excusa que se usó de argumento es que la obra, en una década, consumió el doble del presupuesto inicial, pero es una consecuencia lógica en un período donde la inflación promedio fue de 30% y las empresas solicitan y requieren la readecuación de precios, como ocurre en cualquier obra.
El GNEA es una promesa incumplida de Néstor Kirchner, luego de Cristina Fernández y ahora también de Mauricio Macri, con todos los habitantes de las provincias del Nordeste Argentino.
Con esta obra, las familias misioneras hubieran tenido gas natural en redes, a un costo mucho más bajo que el gas en garrafas y, además, hubieran podido reducir el uso de electricidad, ahorrando miles de pesos al año en calefacción, consumo industrial y domiciliario.
Queda claro con esta decisión que las provincias del Nordeste siguen siendo relegadas del reparto de beneficios de la Nación y que continuarán por muchos años sufriendo las desigualdades de una economía más costosa y más retrasada.
El GNEA tenía el objetivo de transportar gas natural de Bolivia a Argentina por una cañería (construída por Techint) a lo largo de 1.465 kilómetros.
Se anunció en 2003 y las primeras licitaciones se adjudicaron en 2007. Atravesaría todas las provincias del Norte, desde Salta hasta Misiones. La obra tuvo algunos avances muy lentos durante el kirchnerismo y prácticamente se paralizó durante el macrismo.
El GNEA fue declarado de interés nacional por el decreto 267/07 en el que se previó una inversión total de US$1.382.557.000. En los procesos participaron varias firmas que ahora están en la mira de la justicia por la causa de los cuadernos de las coimas.
