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La caída de la obra pública nacional impactó en el empleo en Misiones

10 septiembre, 2018

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), Santiago Ros, advirtió una caída del empleo en la obra pública en Misiones, que en dos años bajó un 37%, producto del recorte en los contratos a nivel nacional.

“En septiembre del 2015 teníamos casi 7.600 obreros trabajando en forma directa, de los cuales 5.600 eran por contratos de obras, y otros 2 mil a través de cooperativas de trabajo que hacen tareas de barrido, limpieza de cordón cuneta y veredas. Además, de otros 400 puestos de trabajos, mediante convenios con los municipios, para hacer plazas, empedrados y cordones cuneta”, recordó Ros.

Sin embargo, señaló que “hoy en día sólo quedan 4.800 empleos”. “La mayor pérdida está en los contratos de obras por el recorte de recursos nacionales”, detalló durante la presentación de las erogaciones previstas para el 2019 ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Destacó, a su vez, que desde la provincia “realizaron un esfuerzo enorme por mantener los empleos en cooperativas y municipios”.

El titular del IPRODHA manifestó, a su vez, que desde hace cuatro años se vienen reduciendo considerablemente los aportes nacionales en materia de obras. “Todo nuestro presupuesto es para la inversión pública”, asestó.

Señaló, además, que la incertidumbre no abarca únicamente a la cuestión presupuestaria, sino que también en la forma de ejecución de estos fondos. “Hay que ver qué porcentajes de reducción se aplican en las inversiones y en qué rubros, es decir, si estos recortes son en las áreas más sensibles de carácter social como viviendas, salud y escuelas, que a su vez son las obras que más puestos de trabajo generan”, sostuvo.

En este sentido, insistió que “no es buen momento las obras viales que se están financiando a través de los contratos de Participación Público-Privado (PPP)”.

“Para financiar esos contratos, se creó una cuenta fiduciaria para la cual sacaron fondos a todos los organismos de inversión. Le sacaron al FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), le sacaron al Fondo de Grandes Obras Eléctricas, al Fondo Vial y una porción muy grande al Fondo de Infraestructura Provincial, que se financia mediante los impuestos al combustible. Con todos esos recursos se creó una cuenta fiduciaria destinada a pagar los costos financieros de estos PPP”, explicó.

En consecuencia, indicó que “no es momento de sacar recursos a un sector que genera muchos puestos de trabajo para llevarle a otro sector que genera poco empleo, como es el caso de las obras viales”. “Con el cambio de sector estamos perdiendo 9 de cada 10 puestos de trabajo en un momento en que el desempleo es muy grande en el país”, apreció.

Y remarcó que “durante los próximos tres o cuatro años la economía en nuestros país va a estar aplastada”, por ende “no habrá tanta demanda de esa infraestructura”. “Lo que sí necesitamos es generar más puestos de trabajo”, afirmó Ros. Para aumentar la controversia, apuntó que por estas políticas “los institutos provinciales han cedido una porción importante de sus recursos”, sin embargo “el 50% de estas provincias, que están entregando fondos, nunca verán un metro lineal de ruta”, criticó.

Reintegros

Otra cuestión descubierta por el titular del IPRODHA es la preocupación que existe por los pagos de reintegros por obras de la Nación.

“Al Instituto no le anticipan fondos sino que se le reintegran los recursos que ya invirtió. Y hasta hoy hemos recibido sólo $235 millones, esto es el 23% de lo que recibimos el año pasado cuando para esta fecha, ya habíamos recibido desembolsos por más de $1.000 millones”, aseveró.

Sobre este panorama planteó que se presenta la incógnita de “lo qué va a pasar a fin de año”.

“Tomamos la decisión de independizarnos de la voluntad del Estado nacional en muchas obras. El stock que tenemos en marcha se está financiando con recursos propios o aportes de la Provincia. Por otra parte, pensábamos utilizar los reintegros para lanzar nuevos programas, que ya están aprobados por Nación, pero los tendremos que postergar porque, a pesar de que tenemos obras para empezar, después tenemos que continuarlas”, aclaró.

En este contexto, Ros reveló que “la Secretaría de Vivienda de la Nación le debe al Instituto más de $1.800 millones en concepto de reintegros por obras”, que ya se han hecho o que inexorablemente se harán hasta fin de año. “Estamos con muchas dudas, no sabemos si ya inició el recorte o si comenzará el año que viene, esa es la duda y todavía nadie nos da certeza sobre eso”, sentenció.

Composición de los fondos

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) estimó un Presupuesto 2019 de $6.128 millones.
De este total, los recursos provinciales representan un 70% y se componen de: fondos no tributarios que alcanzan los $43 millones, el recupero de viviendas por $693 millones que representan el 17%, el desaparecido Fondo Solidario de la Soja (que esperan se compense con partidas del Presupuesto Nacional 2019) que con $800 millones compone el 21%, los recursos de la Administración Central que con $682 millones integra el 16%, el FONAVI en un 25%, y el préstamo del fondo fiduciario que alcanza casi el 18%.

Por otra parte, los recursos nacionales tienen una participación de un poco más del 30%. Asimismo, el principal aportante de los recursos nacionales es la Secretaría de Vivienda de la Nación, que con $1.361 millones representa casi el 69% de los fondos.

El presidente del IPRODHA, Santiago Ros, informó que las líneas prioritarias de trabajo para el año que vienen son vivienda, salud y educación, “que representan el 95% de la inversión en obras públicas que lleva adelante el Instituto” y que el porcentaje restante va a ser destinado a “seguridad, infraestructura y edificios para la administración general”.

Tags: desempleoIPRODHAObra PúblicaViviendas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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