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Gobierno anticipó que regularizará pagos de 2017 a centros de diálisis

1 septiembre, 2018
TRATAMIENTO. La hemodiálisis “sustituye la función renal”. Si se corta el paciente fallece en semanas.

Reclaman al Gobierno nacional que pague una deuda que ronda los 250 millones de pesos y se actualice los valores: “Los 55 dólares que nos pagan por módulo de diálisis no nos alcanza hoy a cubrir los costos. Si comparamos los valores de diálisis en Latinoamérica, están todos por encima de los 100 dólares y nosotros no sólo hacemos diálisis sino que también tenemos que hacer el traslado del paciente que insume un costo que va más allá del 20%, dependiendo de la distancia. El último ajuste del valor de diálisis fue en enero pasado”, precisó a PRIMERA EDICIÓN el presidente de CADRA, Darío Zapata.

Según indicó, este jueves a la noche, luego que CADRA anunciara su decisión de suspender la prestación, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzabal (organismo del que depende el programa), “se comunicó con nosotros y se acordó una reunión para el próximo jueves 6 de septiembre. No podemos hablar de un principio de acuerdo y mucho menos de una solución al problema porque no tenemos nada concreto ni tenemos recursos acreditados en nuestras cuentas. Sí nos llamaron para reunirnos la próxima semana y nos dieron señales de que quieren corregir el rumbo. No hemos recibido ninguna propuesta de pago aún. Por supuesto tenemos toda la predisposición que se solucione el problema, nadie quiere dejar de trabajar y mucho menos dejar de dializar pacientes que desde hace años están bajo nuestro cuidado”, confirmó Zapata.

CADRA reclama a Nación deudas de 2016 y 2017 en servicio de traslado a pacientes y módulos de diálisis de 2018, “en promedio, se cobró hasta marzo de este año”.

El titular de la CADRA recordó además que la hemodiálisis es un tratamiento de sostén, “pues sustituye la función renal, por lo que si a un paciente se le corta el tratamiento fallece a las pocas semanas. Por eso, estamos ante un tema de salud muy delicado, en el que está en juego la vida de muchas personas”.

Sólo dos pacientes en riflex

Pese a que aún no se llegó a ningún acuerdo con CADRA, los coordinadores provinciales del Incluir Salud recibieron este jueves a la noche un comunicado interno de la Agencia Nacional de Discapacidad donde les anticipan que el Gobierno nacional regulizará los pagos a los prestadores del servicio de diálisis y transporte, además de los otros prestadores de la población discapacitada.

Según precisó a PRIMERA EDICIÓN el coordinador en Misiones del Incluir Salud, Andrés Fleitas, “el compromiso de ellos es abonar en la segunda semana de septiembre un pago cercano a los 1.300 millones de pesos para regularizar la situación de las deudas de enero y hasta la mitad de junio; y se comprometen para mediados de octubre a realizar otro pago con el que saldarían lo que queda de junio y julio de este año”. Tanto los convenios como los pagos son directos desde la Nación a los prestadores, “la Unidad de Gestión Provincial (UGP) sólo certifica la prestación del servicio”, indicó.

En la actualidad, según precisó Fleitas, “hay 152 pacientes del Incluir Salud que se están haciendo diálisis en Misiones (un dato curioso es que, según los registros de CADRA, dializa a 178 pacientes de este programa nacional en la provincia) y, según notificó por carta documento la Confederación de Asociaciones de Diálisis, suspenderán el ingreso de nuevos pacientes del Incluir Salud en todo el territorio nacional, mientras que los que ya están siendo dializados lo podrán seguir haciendo sin inconvenientes”.

Misiones tiene centros privados de diálisis en Posadas, Oberá, Iguazú y Eldorado. Además, según precisó Fleitas, “en nuestra provincia, las personas que requieren hemodiálisis se realizan los primeros tres meses de tratamiento en el hospital, es un período que denominamos riflex y recién en el día 91 los nefrólogos los derivan a alguno de los centros privados prestadores del programa Incluir Salud, que no es una obra social sino una extensión de los servicios de atención y prestación médica que brinda el Estado a personas que están en situación vulnerable y tienen una pensión pero no obra social. En este momento, tenemos a dos pacientes en periodo riflex”.

Fleitas admitió su preocupación por la deuda que el Estado mantiene de prestaciones de 2017 y 2016 que no están comprendidos en los pagos anunciados a través del comunicado. “El programa Incluir Salud está funcionando sin problemas pese a los retrasos en los pagos a proveedores de la actual gestión. Hace muy pocos días regularizaron una deuda con un centro terapéutico de atención a personas con discapacidad”, señaló Fleitas.

Tags: CADRACentro de DiálisisHemodiálisisIncluir Salud
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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