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SAMSA dejó de pertenecer a los españoles y pasó a manos chinas

21 agosto, 2018
Imagen de Archivo

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Desde 1999, cuando se otorgó la concesión del servicio de agua potable y cloacas de Posadas y Garupá, la empresa que era APOS se denominó Servicio de Agua de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) y quedó en manos de capitales españoles, dentro del entramado de empresas del grupo Urbaser, una multinacional que tiene negocios en todo el mundo dedicados específicamente a la gestión del agua, servicios urbanos y el tratamiento de residuos.

Según se informó en la página web, la estructura accionaria quedó compuesta en un 45% por Urbaser, un 45% por Urbaser Argentina y el 10% restante por exempleados de APOS. Sin embargo, meses atrás, todo el capital de la multinacional española fue adquirido por un grupo empresarial asiático.

Según se informó en algunos medios especializados en economía de España, se cerró la venta de Urbaser al grupo chino Firion Investments con un precio de la operación que se fijó en alrededor de 1.319 millones de euros en función de determinados parámetros.

La decisión fue tomada por la empresa ACS, grupo propietario de Urbaser, que negoció directamente la venta con Firion Investments. La multinacional china, a la vez, está controlada por el grupo Energy Conservation and Enviromental Protection (Cecep), un gigante que está en permanente expansión y que se dedica a diversos rubros a gran escala.

Urbaser era la cabecera del área de medio ambiente de ACS. A pesar de pasar de manos españolas a los chinos, continúa un proceso de expansión y hace poco se adjudicó el negocio de la recolección en la ciudad de Córdoba.

Su negocio se centra en el desarrollo de actividades de limpieza diaria, recolección de residuos urbanos, tratamiento, reciclaje y valorización energética, gestión energética integral, gestión de zonas verdes y gestión integral del ciclo del agua.

Así, pasaron 17 años desde que se bajó el mensaje, con la llegada de SAMSA, de una concesión que “tiene como objetivo primordial una gestión eficiente, mediante inversiones en optimización y ampliación de los servicios en conjunto con la Provincia y la Nación, la incorporación de máquinas, equipos e instalaciones de primer nivel y el desarrollo de tecnología de avanzada para modernizar todo el sistema de gestión”.

Cabe aclarar que pese al cambio de línea directiva al pasar de las manos españolas al poderío del grupo chino, se aseguró que el operador del servicio de agua potable en la provincia de Misiones continuará siendo SAMSA, manteniendo su logo, su marca y su trayectoria. Tampoco habrá modificaciones en la forma de funcionar ni en el organigrama de la empresa.

Desde la empresa prestataria aclararon a PRIMERA EDICIÓN que todos los puntos del convenio de concesión (que todavía tiene 11 años por delante) siguen vigentes y que la venta del Grupo Urbaser a manos chinas no tiene porqué modificar en nada los compromisos, derechos y obligaciones de la concesión y del Estado provincial.

Tags: SAMSA
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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