La peor incertidumbre proviene de no poder saber qué ocurrirá. Especialmente cuando se detenta el poder (o se está cerca) y no resulta suficiente para conocer todo lo que se necesita para tomar decisiones. Más aún cuando se trata de la relación entre Justicia y política.
Tal como se dijo en este mismo espacio hace más de un mes, los cuadernos Gloria del chofer Centeno iban a quedar en la historia pero las declaraciones de los arrepentidos son las que van a dar sustento real a la investigación del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en Buenos Aires.
La nómina de arrepentidos sumó a “pesos pesados” que no sólo intervinieron directamente en la relación de las supuestas coimas, sino que conocieron frontalmente el mecanismo que vinculó a empresas de primera línea en la Argentina con la presidencia kirchnerista de 12 años.
Sin embargo, cada vez hay mayores indicios de que la tinta indeleble de las hojas de esas declaraciones, podrían terminar salpicando al poder de turno. Especialmente si aparecen en los expedientes las relaciones de empresas donde el presidente Mauricio Macri, con su entorno más directo, negoció contratos con el Estado antes de vender su participación privada y hacerse del sillón de Rivadavia.
En el kirchnerismo más ortodoxo salieron ayer a advertir que en esa tesis, Macri podría verse obligado a abandonar su mandato. El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno consideró ayer que el escándalo por los cuadernos “termina con la cabeza de (el presidente Mauricio) Macri” y opinó que debe darse “un gobierno de transición”, encabezado por el senador peronista Miguel Pichetto.
El trío compuesto por José López (exsecretario de Obras Públicas de la Nación), el financista Ernesto Clarens y Gabriel Romero, del grupo Emepa (fue quien admitió haber pagado coima para conseguir un decreto presidencial de CFK) es considerado “explosivo” para gran parte de la dirigencia política y económica del país.
El primero, famoso por sus bolsos tirados en un convento bonaerense, habría dado con lujo de detalles nombres de exgobernadores y exintendentes que habrían participado de las negociaciones que investiga la Justicia.
Así como se reactivaron causas como las coimas de Skanska o la “embajada paralela” en Venezuela (los valijas de Antonini Wilson), podría reabrirse la vinculada a Sueños Compartidos, un programa que se ejecutó fuertemente en el Nordeste argentino de la mano de gobernadores e intendentes de entonces.
Oriundo de esta zona, no está muerto sino prófugo el extitular de Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas, que sigue siendo buscado por Interpol en la lista roja internacional. El misionero sucedió a Humberto Schiavoni por 12 años al frente de la EBY. En una caja que no solo manejaba millonarias obras, sino que impulsaba otras represas sobre los ríos Paraná y Uruguay además de Aña Cuá en la EBY que casualmente termina de licitar un schiavonista director argentino: Martín Goerling.
Esas parecen ser apenas muestras de líneas de investigación que afloran con unas fojas de testimoniales de los arrepentidos. Nadie puede saber lo que falta conocer y revelar a la luz, de una trama de corrupción que pone bajo la lupa tanto a las gestiones pasadas como a la actual.
La pata financiera
En referencia a la Presidencia Macri, vale la pena recordar que en este mismo espacio la semana pasada se reveló que la mayoría de las obras con Participación Público Privada (PPP) contratadas por el Ministerio de Transporte, tiene a empresas involucradas en la causa de los cuadernos y los arrepentidos.
Días después, los medios porteños revelaron que los bancos extranjeros que estaban dispuestos a financiar las obras adjudicadas, se bajarían de los acuerdos con las empresas investigadas, en cumplimiento de las estrictas normas que rigen para la actividad en el exterior, especialmente contra el lavado de dinero. Con lo cual, no se firmarán los contratos ni comenzarán las obras si las salpicadas en la causa siguen.
El Gobierno nacional, con un Macri que promete mano dura contra la corrupción, no dispuso una medida correctiva a los acuerdos con las firmas señaladas por las coimas. Sin embargo, ahora, presionado por la “pata financiera”, deberá recalcular la estrategia.
La Justicia, mientras tanto, amplía la “Conexión Transporte” en la investigación por coimas. La confesión de Romero de Emepa, puso en jaque al concesionario de la Terminal de Retiro en la ciudad de Buenos Aires, Néstor Otero y al exsecretario de Transportes de la Nación, Juan Pablo Schiavi, señalado además por Aldo Roggio. Otero estaba en la mira por haber entregado coimas a Ricardo Jaime (ex titular de Transportes con Néstor Kirchner).
Sin embargo, con esos antecedentes, el Gobierno de Cambiemos no sólo le mantuvo las concesiones de Retiro, Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca sino que sumó la concesión de la Terminal Dellepiane en Villa Soldati. Por fuera de Transportes, en el circuito financiero hay mucha preocupación por la declaración de Clarens (un hombre clave en el armado de los Kirchner), especialmente en tres bancos señalados en las confesiones. El primer sacudón se vivió el viernes, último día hábil, con la fuerte caída de las acciones de los mismos en Nueva York.
En las entidades analizan el riesgo que ello implica, porque podrían ser coptadas por firmas extranjeras que aprovecharán la caída en la Bolsa o bien, de continuar el ciclo descendente de las cotizaciones, se verían forzadas a cerrar. Otro ejemplo de cuánto salpica la tinta de los escritos judiciales.
El ajuste impuesto
Hace un mes, la Nación reunió a los Ministros de Economía provinciales para hacerles saber que debían poner un tercio del ajuste de 300 mil millones de pesos que el FMI exigió para el “blindaje”. En cifras, unos 100 mil millones.
Entonces, se puso en la mesa de negociaciones que cada provincia podría ceder recursos de acuerdo a la coparticipación que recibía de la masa impositiva federal. A Misiones, le tocaría resignar algo más de 3 mil millones de pesos.
Hubo promesas de volverse a sentar para cerrar un “consenso”. Pero la realidad es cada vez es más difícil para la economía del país y llegó al punto de que la Nación borre con el codo lo que firmó con la mano en el Pacto Fiscal; y eliminó los 65 mil millones de pesos del Fondo Solidario de la Soja (Misiones pierde así 605 millones este año).
Queda claro que Macri ordenó “facturar” la primera cuota del ajuste, tomándose de fondos rápidamente apropiables, sin importar qué les prometió a los mandatarios. “La Nación tomó una decisión egoísta al quedarse con los fondos que se repartían a las provincias, desatando innecesariamente una situación de tensión con los gobernadores que se habían portado bastante bien, políticamente, en los dos años y medio con muy malos resultados económicos”, evaluó una fuente de la Rosadita misionera, que agregó en el análisis: “Esta quita de fondos federales tiene dos aristas principales: la primera es que rompe las condiciones básicas del Pacto Fiscal y la segunda es que rompe las condiciones escritas, dándolo por caído”.
La molestia de los gobernadores como Hugo Passalacqua, hizo que se “rompa” la relación de gobernabilidad mutua para llegar a la crítica abierta. El misionero habló de un “mazazo” que le dieron a Misiones con el recorte.
Pero el del Fondo de la Soja no es ni será el último ajuste. Macri ya lo aplicó en la salud, en el área de Agricultura Familiar, en las obras públicas como las viviendas.
Sin embargo, aún no se llega a los 100 mil millones que deben poner las provincias. Por eso no es descabellada la versión que advierte un recorte en la coparticipación del IVA, donde las provincias dejarían de recibir unos 40 mil millones de pesos, si se incrementan los aportes para la ANSES de esos recursos.
Un grupo de gobernadores peronistas intentó una movida política-legislativa esta semana, pero no consiguió adhesiones de provincias que aun creen que se puede negociar una compensación con la Nación.
Mientras tanto…
En números, la semana fue nefasta para la economía: la inflación fue del 3,1% en julio; la actividad industrial cayó 8,4% en junio; el dólar superó los $30 hasta el viernes y no bajó a pesar de la fuerte intervención del Banco Central que sigue liquidando dólares (vendió más de mil millones en un día); los precios mayoristas subieron 4,7% en julio (marcando la tendencia alcista de inflación para agosto). Para los entendidos en economía, es apenas el inicio de una dura etapa por venir.
