La Justicia Federal de Posadas rechazó la cautelar y el amparo presentada por la Mesa Interinstitucional de Misiones que solicitaba retrotraer la tarifa de la energía eléctrica a noviembre del año pasado.
Las presentaciones fueron efectuadas en febrero y también pretendían lograr una tarifa diferencial para los usuarios provinciales y que las regalías se cobren en energía eléctrica, en lugar de transferencias de dinero, como ocurre actualmente.
En el rechazo, firmado por la jueza federal Verónica Skanata, se fundamenta que “se cumplió el procedimiento de audiencia pública” previo a la decisión de aumentar la luz y, además, que “la fijación de tarifa es una cuestión política”.
Los abogados de la Defensoría del Pueblo de Posadas, institución que integra la Mesa, apelaron a la Cámara de Apelaciones esperando una respuesta positiva en segunda instancia.
Lo positivo es que el Juzgado la inscripción en el Registro de Procesos Colectivos que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso obliga a que todos los amparos se tengan que presentar en Posadas.
Lo que se busca, explicaron desde la Defensoría del Pueblo, es la inconstitucionalidad de la Resolución Nacional que estableció el nuevo cuadro tarifario (vigente desde enero a agosto) porque Misiones no participó de ninguna audiencia pública para plantear la posición frente a este cambio de fondo, por lo tanto “no fuimos escuchados”.
Además, que se ordene a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) retrotraer a noviembre del año pasado los valores de venta de energía.
Otro argumento de fondo es que al producirse el aumento del precio mayorista este impacta directamente en la tarifa final que en definitiva confisca una parte importante de la renta del usuario del servicio, que se ve obligado a suspender o posponer todo consumo en alimentos, educación, salud, esparcimiento (etcétera); en pos de saldar su cuenta de luz. O bien, la de consumir un mínimo de kilovatios/hora la que afecta seriamente el derecho a una vivienda digna.
En la cautelar se planteó que el precio final que paga el usuario por el uso del servicio público concesionado está compuesto por costo mayorista, el costo de transporte (el mismo aumentó en el orden del 2000% de $ 2 a $ 44) y el valor agregado de distribución más tributos, pero sin embargo el que tiene mayor incidencia en los costos finales para el usuario, es el costo mayorista.
“Un aumento de las características que venimos observando impacta negativamente y de manera grave en las economías familiares ocasionando un combo negativo de bajos salarios, altas tarifas y una política energética destinada a punir a los consumos que tachados como excesivos en realidad son necesarios durante los meses de verano para mantener un vida digna, sin que nadie discuta que las tarifas de gas para calefaccionar los hogares del Sur se encuentran subsidiadas sin que exista una contrapartida de tarifas de energía diferenciales para el Norte Argentino y en especial para nuestra provincia durante el verano”, se indicó en la presentación.
Los argumentos de la Nación a favor de la readecuación de las tarifas mayoristas son que la situación financiera del Mercado Eléctrico Mayorista se ve afectada por un sistema de retribución que no refleja los costos reales de producción. Sumado a ello la necesidad de divisas para la importación de hidrocarburos para alimentar las usinas térmicas que representan el 60% de la capacidad instalada de generación en el país.
Regalías y tarifa diferencial
Por otra parte, el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo explicó que hay otra presentación que se encuentra en trámite y que solicita a la justicia una tarifa diferencial para Misiones y el pago de regalías con energía eléctrica.
“A Misiones y Corrientes le corresponde el 12% de la energía que genera Yacyretá, lo gracioso es que la Nación nos vende la energía y después nos devuelve en obras lo que nos corresponde. Pero nosotros lo que pedimos es ser dueños de la energía para disponer como nosotros queremos. De esa manera podemos tener una tarifa más baja para los misioneros, abastecer un parque industrial o venderla”, dijo.
Esa medida fue rechazada en primera instancia pero también apeló.
