El escándalo que en su momento significó el robo de casi 400 teléfonos celulares de un depósito judicial de la Prefectura Naval Argentina en Santa Ana, a 40 kilómetros de Posadas, sumó desde entonces una veintena de efectivos de la fuerza federal separados de su cargo y trasladados a otras latitudes, en el marco de una investigación interna que continuaba en las últimas horas.
Las fuentes confirmaron a PRIMERA EDICIÓN que, por orden de la superioridad, veinte de los poco más de sesenta uniformados que cumplían funciones en la Prefectura Santa Ana recibieron la notificación de traslado en las últimas horas, una suerte de “castigo”, más allá de que no todos estarían involucrados en el insólito episodio que PRIMERA EDICIÓN reveló en su edición impresa del sábado 9 de junio.
No obstante aquello, sobre los dos uniformados directamente vinculados con el hecho se inició un sumario y se abrió una investigación interna, a los fines de determinar qué grado de responsabilidad les pudo caber. Una versión indica que pudieron haber “liberado” la zona. Lo cierto es que ambos serían de Buenos Aires y poco tiempo atrás habrían llegado a Misiones, también trasladados por irregularidades registradas en la capital nacional.
Justamente por eso es que la última resolución causó malestar entre los prefecturianos, habida cuenta de que los uniformados “sancionados” entendieron que, muchos de ellos, pagaron con sus traslados por la responsabilidad que no les correspondía.
Por lo pronto, la causa por el robo en sí continúa en manos de la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas.
El hecho se conoció el viernes 1 de junio en el mencionado depósito judicial ubicado en Santa Ana, donde efectivos de Prefectura mantienen custodia constante. Según trascendió, allí van a parar diferentes elementos de valor que son incautados por la fuerza en procedimientos realizados en la Zona Sur.
Lo llamativo del caso no fue sólo que del lugar desaparecieron 378 teléfonos celulares de última generación, sino también la modalidad con la que actuaron los ladrones, quienes literalmente realizaron un agujero en una de las paredes para acceder a los elementos de valor.
La propia Prefectura inició una investigación de la que luego tomó conocimiento el Juzgado Federal. Esa pesquisa obtuvo indicios suficientes para suponer que en el inédito robo existió participación del personal encargado de la custodia.
La investigación se desglosó, entonces, en dos vías. Por un lado, un equipo especial comenzó el seguimiento de los aparatos. Esa labor llevó a los federales a pedir colaboración a sus pares de la Unidad Regional VI de la Policía de Misiones, con asiento en Alem. Sucede que la información apuntó directamente a “Matilu”, un joven de la localidad.
Ante estos datos, se montó un operativo que arrojó resultados positivos en una vivienda del barrio Los Cedros, donde se procedió a la incautación de 81 de los aparatos sustraídos del depósito federal. Curiosamente, los teléfonos aparecieron en casa de un vecino de “Matilu”, por lo que se sospecha que el joven intentó “despegarse” así de los mismos.
El segundo camino de los pesquisas intenta establecer la responsabilidad que le pudiere caber a los dos prefecturianos que, al parecer, se encontraban de guardia la noche en la que fue perpetrado el robo. Ambos revisten el grado de cabo primero y, tras el hecho, uno solicitó licencia médica y el otro pidió su traslado a Corrientes.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, mientras continúa la búsqueda de los prefecturianos, la Justicia Federal también ordenó que se sustancie una investigación sobre al menos dos comerciantes dedicados a la venta de ese tipo de aparatos en Alem. Sucede que los mismos aparentemente habrían mostrado interés -e incluso podrían haber adquirido- un importante lote de los teléfonos robados bajo el argumento de haberlo hecho “en buena fe”.
