González García afirmó que “hay una evidencia mundial absoluta de que esta ley tiene que ver con la reducción de la mortalidad materna” y señaló que “en Argentina la ilegalidad genera muchas consecuencias”, entre las que destacó la “enorme cantidad de internaciones”.
“Tenemos la ocasión de ser huéspedes del G20, ningún país del G20 salvo nosotros tendría esta legislación restrictiva sobre aborto. Es una vidriera al mundo y este es un tema que empieza a ser clamor en la Argentina”, agregó.
Por su parte, el rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Schiavone, rechazó la iniciativa y sostuvo que “esta ley atenta contra la solidaridad hacia el más débil, anula la solidaridad más profunda que es la de una madre con su hijo, cultiva el individualismo y promueve el egoísmo”.
“¿En estas condiciones socio-sanitarias consideran ustedes que el aborto legal será seguro? El aborto legal terminará siendo una forma de negar y perpetuar la pobreza, de ocultar la raíz profunda de los problemas”, agregó Schiavone.
A su turno, el exsubsecretario de Salud de Uruguay Leonel Briozzo subrayó que en el país vecino, a partir de la legalización del aborto, “las muertes maternas han disminuido, hoy Uruguay tiene el privilegio de estar ubicado en segundo lugar con indicadores solo mejorados por Canadá“.
En línea con los datos que ofreció el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, el exfuncionario uruguayo remarcó que “es clara la tendencia de que cuando se legaliza la práctica el aborto disminuye” salvo “excepciones como Cuba” e insistió en que “si se quiere disminuir el número de abortos, la política adecuada para hacerlo es la legalización”.
En contraste, el diputado uruguayo Gerardo Amarilla, que se opuso a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, señaló que en Uruguay “la ley no consagra el derecho al aborto, establece la despenalización del mismo para ciertos casos“.
“Creemos que está comprobada la presión internacional y el financiamiento para que se aprueben este tipo de leyes que promueven una cultura de la muerte”, agregó el legislador de la Cámara de Representantes de Uruguay.
Otro de los invitados que se expresó en contra del proyecto fue el médico y extitular del PAMI Carlos Regazzoni, quien sostuvo que “una persona, desde el momento de la fecundación, tiene la dignidad de un ser humano” y agregó: “Relativizado el derecho a la vida, el 100% de los derechos de las personas pasan a ser relativos”.
Por su parte, el jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Austral, Ernesto Beruti, expresó: “Somos los obstetras quienes estamos en contacto permanente con la vida humana desde el inicio y por eso no podemos eliminar a un ser humano indefenso e inocente al que juramos defender”.
La doctora en Derecho Eleonora Lamm respaldó el proyecto y señaló que “equiparar el feto a una persona es una construcción metafísica fundada en razones morales que no se corresponde con argumentos jurídicos ni biológicos y que también implica, como mínimo, convalidar actos de tortura”.
También defendió que se le permita a una adolescente acceder a un aborto, al indicar que “la interrupción del embarazo hoy no es un tratamiento invasivo, podría acudir una adolescente por sí sola”, aunque “sería bueno que vaya acompañada, pero acompañada por la persona que esa adolescente elija”.
Fuente. NA
