Señora Directora: Según la Ley IV-58 los ciudadanos tenemos derecho a la información pública. Es decir, tenemos el derecho de participación ciudadana por el cual toda persona física o jurídica, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, solicita y recibe información completa, adecuada, oportuna y veraz de cualquier órgano perteneciente a la administración pública, o en todo ente donde el Estado tenga algún modo de participación. Se entiende por información toda documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales. Busca la ley la transparencia de la función pública y el control ciudadano efectivo y eficaz sobre la ejecución de los recursos y actos públicos.Invoco la esencia normativa dado que el 15 de abril pasado, el movimiento de jubilados Marea Blanca, tras arduos reclamos, fue recibido por el Directorio del Instituto de Previsión Social (IPS) en audiencia. En su trascurso se pidió información sobre ingresos y egresos previsionales devengados en el organismo, con respuesta increíble sobre que el pedido debía hacerse por escrito, por no corresponder a una audiencia (sic).El 22 de agosto pasado, quien subscribe solicitó la información denegada en la audiencia, de conformidad con el procedimiento escrito en la ley arriba sintetizada, en la expectativa de que el requerimiento (desagregado en tres expedientes) fuera satisfecho según los diez días de plazo reglamentados. Ha pasado más de dos meses, con reclamo de pronto despacho interpuesto, sin pedidos de prórroga ni respuesta de ningún tipo a los expedientes tramitados ante la oficina de Acceso a la Información Pública. Así actúa esta gestión del IPS con el ciudadano y con el afiliado. Escondiendo los números del instituto que administra nuestros haberes y su sustento en el equilibrio financiero. Sabe el Directorio por qué prefiere incumplir con la Ley antes que reconocer y dar a conocer data pendiente.Queda el consuelo de la posibilidad de recurrir a la Justicia para ordenar que el Instituto respete la ley y los derechos participativos del ciudadano.
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