OBERÁ. Representantes de la empresa Capital del Monte, prestataria del servicio urbano de pasajeros en esta ciudad, se reunieron ayer con los concejales para informar respecto a las presentaciones judiciales realizadas contra el municipio para hacer valer un contrato que poseen y que extiende la concesión hasta fines del año 2022.Alejandro Díaz, asesor legal de la empresa, única prestataria del servicio urbano de pasajeros en esta ciudad, sostuvo que “desde septiembre estamos instalados en la vía judicial, fuimos a la Justicia porque nos enteramos en junio de la idea de llamar a licitación, nos pidieron que llevemos el contrato original, lo hicimos y el mismo día, horas antes presentaron el proyecto de llamado a licitación sin ver el contrato, se ve que no lo querían ver”, cuestionó.El letrado agregó que “el 12 de julio pedimos un pronto despacho y no tuvimos respuesta por lo que entendimos que teníamos que ir a la Justicia como lo indica el procedimiento contencioso administrativo”, expresó. Respecto a la reunión de ayer con los concejales, Díaz sostuvo que “fue informativa. Nosotros trajimos los antecedentes, los expedientes y los queríamos poner al tanto de la situación, no podemos condicionar a nadie a tomar ninguna decisión, ese es un ámbito de los legisladores pero no queríamos que tomen una decisión sin habernos escuchado, de manera que el día de mañana no van a poder decir que no lo sabían”, apuntó Díaz. Los representantes de la empresa reprocharon a los ediles que “hubo cuatro sesiones el año pasado en las que se aprobó la ordenanza nueva de transporte y en todo ese proceso nunca fuimos escuchados, jamás. En la última, el 6 de diciembre, antes de que cambie la composición del concejo, en esas cuatro sesiones nunca fuimos recibidos, pedimos las copias de todas las actuaciones y los debates, porque no sabíamos donde estábamos parados, también le pedimos al intendente para hablar, el derogó el artículo que luego fue ratificado por el concejo y nosotros en todo ese proceso no pudimos participar, evidentemente no querían”, insistió.Hasta 2022La empresa Capital del Monte hizo una presentación al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones para obtener una medida cautelar de no innovar y a la vez inició un juicio contencioso administrativo para hacer la valer la extensión del contrato de concesión hasta 2022 y que no se llame a licitación, tal como pretende el ejecutivo obereño.Díaz justificó ayer que cuando se firmó el contrato en cuestión por parte del ex intendente Rodolfo Dalmau “era un momento de mucha crisis económica, la empresa venía de seis o siete años de descapitalización permanente, los subsidios a los combustibles no existían, la gente estaba muy empobrecida, la ecuación de pasajeros por kilómetro era bajísima, no era rentable el servicio y la idea era dejar de prestar el servicio si no había un plazo conveniente”.
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