BUENOS AIRES (NA-La Nación). El Gobierno nacional anunció que presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para intentar que se frene la tasa que la provincia de Córdoba aplica sobre el precio de los combustibles.Así lo anticipó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien advirtió que la decisión de la administración cordobesa “se trata de un impuesto ilegal, contrario al régimen de coparticipación de impuestos, y además, es inconstitucional”.En conferencia de prensa, Lorenzino sostuvo que la intención del Poder Ejecutivo Nacional es “pedir la derogación de este impuesto y desincentivar que se instrumente algo similar en otras jurisdicciones, como es la ciudad de Buenos Aires” y como pretendió aplicar, también, la provincia de Buenos Aires.La tasa vial cordobesa está vigente desde hace tres meses e impone recargos de 0,40 peso por litro de nafta premium y gasoil ultra; 30 centavos para nafta súper; 0,20 peso en el gasoil común y 15 centavos por metro cúbico de GNC.“Es un impuesto encubierto y no una tasa”, se quejó el titular del Palacio de Hacienda.Además, dijo que los cordobeses “ya pagan un impuesto a los combustibles, que es distinto, es adicional al que se le ocurre cobrar a (José) De la Sota. El gobernador pretende que se cobre dos veces el mismo impuesto. Es una doble imposición”.El funcionario señaló que para aplicar una tasa, el Estado debe otorgar una contraprestación, “algo que -dijo- no ocurre en el caso de Córdoba”. Lorenzino se preguntó cómo podrá explicar el gobierno cordobés el cobro de la tasa vial “a quienes hagan turismo por la provincia y transiten por rutas nacionales, que están a cargo del Gobierno nacional”.Asimismo, el ministro cuestionó duramente a De la Sota, quien desde Brasil, dijo frente a empresarios: “yo sé que muchos de ustedes estarán pensando: los argentinos no van a cumplir”.“De la Sota no está en el país porque está dando conferencias en el exterior, en las que se dedica a hablar mal de los argentinos. Y por eso manda a cacarear a sus funcionarios” para defender la “tasa vial”, se quejó el ministro.Por eso, reclamó “empezar por casa a cumplir los pactos. Hablo de normas que son basales en nuestro sistema federal. Hablo de la coparticipación de impuestos, de no cobrarle a la gente dos veces por el mismo hecho”.Scioli dio marcha atrás El gobierno de Daniel Scioli resolvió dar marcha atrás con su proyecto de cobrar una tasa de 10 centavos por cada litro de combustible vendido en la provincia para financiar el mantenimiento de las rutas bonaerenses. Scioli sintió la presión del gobierno nacional: la medida fue duramente cuestionada por varios funcionarios del gabinete de Cristina Kirchner, que amenazaron con recurrir a la Justicia si se aplicaba el impuesto.En una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, junto con el ministro de Infraestructura y Obra Pública, Alejandro Arlía, y otros funcionarios admitieron que por “inhibiciones legales” se buscarán “nuevas alternativas” para financiar obras en la red vial bonaerense. Antes, el ministro de Economía nacional, Hernán Lorenzino, había rechazado cualquier tipo de impuesto provincial o regional que se aplicara a los combustibles. Sucede que ese tipo de impuestos pertenecen a la órbita nacional. Las provincias reciben parte de esa carga y por ende tendrían prohibido modificar esos gravámenes.“Al haber una inconstitucionalidad manifiesta en una norma, el camino que debe recorrerse es el de la Justicia”, dijo Lorenzino. E ironizó: “El absurdo es tal que sólo podría compararse con una decisión del gobierno nacional de decidir cobrar el impuesto a las patentes o el inmobiliario urbano o rural” que perciben las provincias, ejemplificó.Por su parte, el ministro de Planificación, Julio De Vido, insistió en la conferencia de la UIA, en Cardales, en que cualquier tasa que se aplique sobre los combustibles “es incompatible” con los impuestos nacionales que ya se cobran. Y dijo que el Gobierno va a hacer presentaciones ante la Comisión Federal de Impuestos y, si es necesario, en la Justicia.El jefe de Gabinete de Scioli intentó distender el clima con el Gobierno y deslizó que el impuesto sólo era una idea. “No se va a dar marcha atrás porque nunca fuimos adelante”, dijo Pérez. Principal impulsor de la medida, el ministro Arlía anticipó: “La propuesta que tenemos en estudio respecto de un cargo fijo la vamos a conversar y tratar de articularla con el gobierno nacional”, en busca de obtener “la validez” legal.
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