POSADAS. El caso trascendió el 8 de junio de 2010 con la detención de un oficial de la Policía de Misiones acusado de violar, en forma sistemática, a su hijastra de sólo diez años en una vivienda del barrio Cocomarola de esta ciudad.Con posterioridad fue procesado y la causa elevada a la instancia de juicio oral. A horas de celebrarse el debate, previsto para mañana y pasado en el Tribunal Penal 2 de Posadas, el defensor oficial de Instrucción 3, Marcelo Ozuna, solicitó la realización de un juicio abreviado a requisitoria de su defendido.El uniformado, que al parecer desempeñaba funciones en la comisaría seccional Segunda de esta capital, reconoció su responsabilidad penal en el hecho para acceder a una reducción de la condena.Así, Ozuna llegó a un acuerdo respecto del monto de la pena a aplicar: nueve años de cárcel, de cumplimiento efectivo. La situación procesal del imputado era más que comprometida. El informe médico estableció que la paciente, una niña de diez años, presentaba defloración de larga data. Y la misma víctima confirmó, a posteriori, en Cámara Gesell, que los vejámenes habían comenzado cuando ella tenía ocho. En ese contexto, probablemente con otros indicios en su contra, el acusado decidió abreviar la causa y no someterse a juicio, instancia en la que seguramente hubiera recibido una condena aún mayor.No obstante, como establece el Código de Procedimientos, resta que este acuerdo sea homologado por los integrantes del Tribunal para que se dicte la resolución condenatoria. La historia se remonta al 8 de junio de 2010 cuando la víctima contó a su padre biológico el calvario que vivía en la casa que habitaba junto a su madre y el concubino de esta.El hombre la escuchó detenidamente y no dudó en salir presuroso hacia la Comisaría de la Mujer para denunciar al sospechoso.Poco después, el uniformado era detenido. La investigación determinó que los abusos se producían siempre en ausencia de la madre de la criatura y bajo amenazas.Esta circunstancia fue confirmada por la víctima en la testimonial que prestó en Cámara Gesell, frente a las psicólogas del Cuerpo Médico Forense.El uniformado iba a ser juzgado mañana y el viernes en audiencia oral con la presidencia del magistrado Juan Enrique Calvo.La calificación legal es “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, varios hechos, y corrupción de menores”.El acuerdo fue alcanzado entre la defensa y el fiscal de Cámara Rolando Oliva.





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