OBERÁ. El abogado y convencional constituyente, pero esta vez en carácter de vecino de Oberá Rafael Pereyra Pigerl hizo una presentación penal para que se instruya formalmente una causa apara investigar “si no existe delitos de acción publica” en el contrato de concesión del servicio urbano de pasajeros, hasta el 2022 que presentó la empresa Capital del Monte a la Comuna.La presentación se efectuó ayer en la Fiscalía de Instrucción 1 de esta ciudad. Los hechos sobre los cuales pide que se investigue, es “si en primer lugar existe o no dos contratos de concesión del servicio de transporte público de pasajeros, emitidos en la misma oportunidad, por la misma autoridad municipal, a favor del mismo beneficiario, pero con diversos contenidos”, solicita en parte de la denuncia.Pereyra Pigerl expresa en su denuncia que “de ser así, no habría opción fáctica para que ambos fueran legítimos y verdaderos, existe entonces la necesidad ineludible de investigar cual es el apócrifo, para juzgar a sus autores, y determinar la posible comisión de un nuevo delito mediante la utilización de un documento apócrifo”. Esta semana mientras el Concejo Deliberante avanzaba en la aprobación de los pliegos de bases y condiciones para el llamado a licitación del servicio, que en teoría vence a fines de este año, la empresa Capital del Monte envió una Carta Documento a los ediles donde reitera que tiene un contrato de concesión firmado hasta el 2022, que está rubricado por el ex intendente Rodolfo Dalmau, cuya copia certificada fue acercada al municipio, y en consecuencia inició un juicio contencioso administrativo en el STJ en contra de la comuna y solicitó al máximo organismo judicial de Misiones una medida cautelar de no innovar.Ante esta intimación los concejales frenaron la aprobación de los pliegos y decidieron contestar la Carta documento a la empresa y pedir que acerquen la documentación que dicen tener relacionado al tema. Ahora habrá que esperar una resolución de la Justicia.“El intendente debía denunciar”Un día antes de hacer la presentación penal Rafael Pereyra Pigerl sostuvo que “el intendente debería hacer la denuncia penal en forma urgente, acá no estamos debatiendo una cuestión de interpretación de un contrato, acá uno de los dos contratos es falso hay comisión de delito de falsificación o uso de documentación falsificada que hay que investigar, eso está establecido en el ordenamiento penal, más allá de la tentativa de estafa o defraudación que puede existir de una de las partes. Esto escapa a una interpretación libre que pueden hacer los letrados municipales sino al cumplimiento fiel del intendente como representante de la comunidad llevarlo a la Justicia penal para investigar si existe delito y quién lo cometió, y él es responsable bajo apercibimiento de cometer un delito; el de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, opinó.
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