POSADAS. El proyecto que propone la reforma de la Ley Nacional de Semillas, que se encuentra en estudio en el Congreso de la Nación, sigue generando debates y para muchos representa “una amenaza a los bienes y derechos del pequeño productor”.Desde la Legislatura provincial, la diputada renovadora Marta Ferreira aparece como una de las principales oponentes a la sanción de la nueva ley nacional así como se planteó, que en los próximos días podría ser sometido a nuevas modificaciones, ante los rechazos que recibe. Desde Misiones, ya solicitaron la revisión y modificación de los objetivos, al entender que los productores están siendo avasallados”. Ferreira también advirtió que con esta nueva ley “solo se vendrían a tergiversar proyectos y programas asentados en la provincia desde hace varios años. Que buscan justamente la recuperación de la semillas nativas. Y reinculcarle al productor que guarde semillas para volver a sembrar”.Para la ex directora de Agricultura Familiar, el borrador de este proyecto deja abierta la posibilidad de tres discusiones. Por un lado la instancia de pago de regalías, que significaría además aumento en el precio de la semilla. “Esto tendría una implicancia muy grande para los productores y además para los consumidores. Por otro lado, ¿qué pasaría con los derechos de los productores de guardar e intercambiar semillas que es tan común en esta región, por ser una cuestión cultural?”, se preguntó.Habló “de otro dilema que plantea el hecho de tratar un material vivo de la naturaleza como propiedad privada, no solo para la producción, sino también para la misma alimentación”.De esta manera, la diputada misionera considera que este proyecto en borrador se fue al otro extremo, porque la ley vigente (que es la 20.247 que está en vigencia desde 1973); y no restringe el uso propio. “Se ha dejado mucha libertad, el productor podía guardar semillas y volver a sembrar, pero especialmente los cultivos de soja y trigo, cultivos que justamente permiten que se pueda volver a reutilizar la semilla, sin necesidad de comprar todos los años”, declaró la legisladora de la renovación.“Ahí hubo como un exceso, porque ya los productores terminaron haciendo abuso del uso propio”, dijo y agregó que “eso fue un poco el disparador para que la Nación a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase), plantee una nueva Ley. Ahora el límite es extremo porque el productor no podría guardar absolutamente nada para volver a sembrar”.Controles de uso de semillasAl mismo tiempo, destacó lo planteado en el artículo 48 del borrador, “como un eje impulsor más para causarle daño a los productores, donde se faculta al organismo a ingresar a los campos con poder de policía a fiscalizar. La idea de esa fiscalización es también corroborar si el productor sembró una superficie igual a los años anteriores con las semillas que guardó. Si es superior va a significar que guardó más de lo que debía guardar, si esto sucediera tendrá que pagar unas regalías”, advirtió la legisladora consultada por PRIMERA EDICIÓN.Destacó Ferreira “el esfuerzo del colono misionero que produce poroto, maíz, arroz y el empeño también para llevar a cabo el almacenamiento para contar con ello de cara al próximo año y no tengan que depender de compras como en todos los años”. “Así como de monopolios de multinacionales que sabemos que se han instalado con mayor fuerza en la Argentina, y que además vienen instalándose en América Latina con este desafío. Por eso hasta nos atrevemos a creer que son ellas las que acercan hasta un borrador de proyectos de Ley a los distintos gobiernos de América Latina para que puedan plantear a cambio de otro beneficio que ellos propongan”, sospechó la diputada.“De todas maneras esto también nos permitió a nosotros como diputados y como organismos como Biofábrica y el Gobierno provincial, comenzar a mirar un poco más al Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Este organismo nacional tiene también la función de mejoramiento genético, pero nosotros no sabemos como estamos con el resguardo de alguna genética vegetal de algunas variedades que la provincia está interesada”.“No sabemos cuánto ha hecho el Inta, el Inase para proteger ciertas variedades, y preguntarles de esta manera qué están haciendo para beneficiar a los pequeños productores, porque acá muchas veces el ente convenía con empresas y eso no nos sirve como provincia ni como pequeño productor”, recordó.“El Inta debe observar qué está haciendo y poder informar a la sociedad cuáles son los avances que pudieron hacer en materia de mejoramiento genético y de resguardo de genética que nos pueda asegurar a nosotros la soberanía alimentaria”, reclamó.Buscando nuevo proyectoSin guardarse nada, la diputada provincial vinculada anteriormente a la gestión de la pequeña agricultura, y está cumpliendo su primer año en la Legislatura provincial; reprochó: “Nosotros entendemos también que a veces la Nación mira para la Pampa Húmeda y comete el error de poner en la misma bolsa a provincias pobres del Nordeste. Nosotros como provincia tenemos alrededor de 30 mil pequeños productores, y entre ellos no todos plantan para comercializarlo, sino que gran parte lo hace para consumo propio y eso es lo que nos preocupa”.Finalmente, recordó los debates que se realizaron (entre tantos otros a lo largo del país), gracias a los cuales, “el proyecto no ha tenido el avance esperado. Por eso hoy ya se está hablando de plantear un nuevo borrador del proyecto de ley”.
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