SAN IGNACIO (Enviados especiales). “Ninguna de las comunidades de San Ignacio afectadas por la represa fue debidamente compensada e indemnizada por la EBY”, afirmó el director de Caciques y Pueblos Originarios de la Municipalidad de San Ignacio, Benjamín Benítez, quien es además cacique de la comunidad Ychongy, enclavada en la zona de Puerto Nuevo.A pesar de haber inundado grandes extensiones de tierras habitadas por comunidades indígenas y de haber truncado para siempre la posibilidad de que estas poblaciones pudieran seguir viviendo del modo tradicional -pescando, cazando y accediendo a la medicina natural del monte-, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) hasta ahora nunca reconoció como corresponde a las aldeas afectadas, que siguen sin recibir las indemnizaciones pertinentes por parte del organismo.“Tenemos comunidades como Katy Piry y Pindoty a las que les han sacado mucha tierra y han perdido mucho de sus recursos y otras que fueron afectadas en menor medida, pero sin embargo nunca se ha podido lograr que la EBY reconozca el daño realizado”, indicó Benítez en relación al estado de total impunidad en el que se encuentran las causas abiertas contra la EBY por parte de las comunidades afectadas. “La EBY nos dejó sin nada”Bertolino Ortega es cacique de la comunidad Pindoty, ubicada en cercanías del Puerto Nuevo. En esta aldea persisten ocho familias que subsisten de la venta de artesanías. “Somos afectados directos por Yacyretá, porque el agua se tragó nuestro territorio y el río cambió para siempre, hoy ya no podemos pescar, se eliminaron las zonas donde conseguíamos nuestros yuyos ancestrales para medicina, cambió todo, está todo contaminado, pero la EBY nunca nos quiso reconocer nada, ellos son poderosos y se abusan de las comunidades”, lamentó Bertolino.“Llevamos varios años reclamando, junto a otras comunidades hemos estado en la calle con nuestro reclamo, pero no hay forma de pelear con la EBY, ellos tienen todo comprado”, agregó.En relación al uso del río Paraná, que históricamente fue parte intrínseca en la vida de los mbya, el cacique Ortega señaló que “acá nosotros teníamos salida al río, nos bañábamos, vivíamos de la pesca, conocíamos el río perfectamente, era un río limpio, sano. Hoy ya no es un río, está todo contaminado, no se pesca en esta zona como antes y es muy peligroso meterse”.Acerca del rol que cumple la Dirección de Asuntos Guaraníes en los conflictos de las comunidades, el cacique Ortega suspira y dice: “Cada año voy cuatro veces a buscar ayuda, herramientas, techos, viviendas, llevé un censo, pero nada, nada de nada, Asuntos Guaraníes no nos presta atención y menos con el tema Yacyretá, la otra vez vinieron a traer unas frazadas nomás. Si pedimos ayuda es porque ya no podemos vivir más de la forma tradicional y todo es muy difícil”.Ubicada sobre la ruta 210, pasando el arroyo Cazador, se encuentra la aldea Katu Piry, una de las más afectadas por las inundaciones de Yacyretá. Viven allí unas sesenta familias. Su referente es José Duarte, quien afirma que “es una injusticia total el atropello de la EBY a las comunidades, porque nos sacaron tierras, nos dañaron nuestro modo de vida a cambio de nada”. Representación municipalEl cargo de director de Caciques y Pueblos Originarios es una novedad en el seno de la Municipalidad de San Ignacio. El primer cacique en ocupar este espacio es Benjamín Benítez. “Tenemos trece comunidades en la localidad. Hemos hecho un relevamiento en todas. Este espacio con el que contamos en la Municipalidad es muy importante, ya que nunca las comunidades tuvimos representación oficial en la Comuna. Estamos tramitando y gestionando mejoras para las comunidades más necesitadas y se está trabajando muy bien con el tema de la salud”, indicó Benítez.En contra de más represasVeinte comunidades mbya de Misiones ya se han expresado formalmente en contra de la construcción de nuevas represas que afecten territorio misionero. Dejaron plasmado esta postura a través del Manifiesto de Alba Posse, donde expresan: “Analizamos una buena cantidad de información sobre los impactos negativos de las grandes represas, en todo nuestro continente. Recordamos todo el daño que Yacyretá ya nos hizo. Recordamos, también como participamos activamente en el plebiscito con el que le dijimos NO a Corpus. Vimos que los pueblos originarios de esta región y otras del continente se oponen en su totalidad a la construcción de mega-represas, donde siempre somos los más perjudicados. Conversamos que nosotros también necesitamos electricidad, pero la electricidad no es nuestro dios. Tupá es nuestro dios y Tupá ama y protege a la naturaleza por sobre todas las cosas. Vimos que hay otras maneras de producir electricidad, más de acuerdo a nuestra cultura y sin tantas consecuencias negativas para las personas, los animales y las plantas. Que se pretenda hacer las represas de Garabí y Panambí (Corpus está prohibida por ley provincial) sin consultar con el pueblo misionero, sin consultar con las comunidades mbya, que somos parte del pueblo misionero, no es democrático y viola la Constitución Nacional y otras leyes”. El desamparo estatalPor Sergio AlvezPeriodistaLas comunidades mbya que fueron afectadas por la megarepresa Yacyretá corren la misma suerte que el resto de las decenas de miles de familias afectadas: sufrieron además el desamparo estatal. Es que a pesar de que los atropellos están a la vista y que existen denuncias y evidencias que determinan que la EBY no ha compensado debidamente a las poblaciones afectadas, éstas se ven absolutamente indefensas a partir de la decisión política de un Estado provincial que prefirió mirar para otro lado y no salir a defender a sus habitantes de los avasallamientos de la binacional.Así, asistimos constantemente a episodios en los que con nitidez se refleja la violación de derechos a la que son sometidos miles de misioneros que litigan con la EBY. El posicionamiento del Gobierno ante estos casos siempre estuvo del lado del poderío de la binacional, dejando solos y abandonados a los afectados en este largo camino de impunidad que parece inacabable.
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